GABRIEL SANZ
MADRID
El Gobierno dio ayer un paso más en su apuesta por usar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto para arrinconar al PP en Cataluña ante la inminencia de las elecciones de otoño. Si el miércoles era el propio José Luis Rodríguez Zapatero quien proclamaba desde la tribuna del Congreso que «no se puede tapar la boca a quienes se sienten nación», para apaciguar los ánimos más catalanistas, ayer, a mediodía, María Teresa Fernández de la Vega siguió en esa misma senda.
Por la mañana, el presidente de la Generalitat, José Montilla, había planteado en el Parlamento de Cataluña una reforma de la Constitución de 1978 —no ahora— que reconozca la nación catalana y convierta así a España en un Estado plurinacional. De la Vega advirtió en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el Gobierno no tiene prejuicios» porque ya ofreció al PP una reforma de la Carta Magna —no esa— durante la pasada legislatura. El Ejecutivo «estudiará» lo que plantea Montilla, aunque coincide con él en que no es el momento para semejante reforma porque requiere «tiempo y consenso»; es decir, un apoyo del PP imposible.
De momento, señaló De la Vega, cuando el miércoles, a las 10.30 , se reunan en La Moncloa Zapatero y Montilla, para analizar la sentencia, ambos tienen instrumentos más que suficientes para desarrollar el Estatuto de acuerdo a lo que dice el TC.
Fuentes gubernamentales reconocen que la cesión de nuevas competencias exclusivas del Estado por la vía del artículo 150.2 de la Constitución, como pedirá Montilla a Zapatero, «no es lo que más nos gusta». El Gobierno prefiere reformar textos como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para crear el Consejo de Justicia que Cataluña, tumbado por el TC en la sentencia por una cuestión «de forma», según insistió ayer en Bruselas el ministro de Justicia, Francisco Caamaño. El Gobierno está estudiando la sentencia pero entiende que los futuros Consejos de Justicia de las autonomías —la reforma de la LOPJ abre la vía para que lo soliciten cuantas comunidades quieran— puedan asumir funciones que hoy desempeñan de forma interina las salas de gobierno de los tribunales superiores de Justicia (TSJ), como, por ejemplo, designación de jueces interinos y asuntos administrativos.
La portavoz dijo que Zapatero va a explorar este miércoles con Montilla «todas las vías» de desarrollo del Estatuto porque «se pueden hacer otras reformas que no implican la reforma constitucional». En su opinión, «incluso las cuestiones más sensibles»formuladas en el Estatuto que salió de las Cortes «tienen cabida» después de la sentencia del Constitucional. Las discrepancias entre ambas administraciones sobre argumentos de los magistrados, no alteran el texto en su conjunto que, según resaltaban ayer fuentes gubernamentales, el propio TC define como base constitucional del Estado de Derecho en Cataluña.
Frustración «legítima»
La portavoz del Gobierno se refirió varias veces a la necesidad de dar cauce a «la sensibilidad exigida legítimamente por el pueblo catalán». Ahora es el momento, insistió, para que ese sentimiento de identidad y la reivindicación de autogobierno se concreten en «cuestiones determinadas».
En este sentido, María Teresa Fernández de la Vega culpa al PP de la «legítima y respetable frustración» que se ha generado en Cataluña, y que se evidenció en la manifestación del pasado sábado por las calles de Barcelona, después de cuatro años de «confrontación» y de «agravios» creados por los populares con sus acusaciones de que el Estatuto «rompía España» o generaba desigualdad entre los españoles.
«La irresponsabilidad total del PP ha hecho mucho daño a la convivencia», manifestó la vicepresidenta primera. Y ahora, prosiguió, le toca al Ejecutivo socialista «gestionar con diálogo y entendimiento» las dificultades «derivadas de la mala gestión de otros, de la tensión que nunca debió haber». El problema de fondo, concluyó, es que el PP «no cree en el Estado autonómico».
