«Produce indignación y bochorno comprobar cómo en vez de animar la persecución de los delitos cometidos durante el franquismo (...) se persiga a quien intenta contribuir a hacer justicia, en el increíble salto que supone amparar a los verdugos y abandonar una vez más a las víctimas». Este extracto, un apoyo explícito al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (hoy suspendido de sus funciones), forma parte de una moción aprobada por el Ayuntamiento de Ferrol. Su contenido, que no el acuerdo en sí, está ya en manos de la Fiscalía coruñesa, que ha abierto diligencias preprocesales para estudiar si esta moción, a la que ha tenido acceso ABC, puede suponer un atentado contra la independencia judicial.
La iniciativa para investigar estos hechos (aunque jurídicamente todavía no se puede hablar de investigación y sí de un simple análisis del contenido de la moción, aclaran fuentes fiscales), ha partido del propio Tribunal Supremo, que al tener conocimiento del acuerdo adoptado por el Consistorio de Ferrol remitió esta información al fiscal general del Estado. Cándido Conde-Pumpido la reenvió, a su vez, a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Fue el propio alcalde de Ferrol, el socialista Vicente Irisarri, quien informó al instructor de la causa de las fosas, Luciano Varela, del acuerdo aprobado por el Pleno el 25 de marzo. Lo hizo en una escueta misiva, escrita en gallego y fechada el 14 de abril. «Para su conocimiento a los efectos oportunos (...) le remito el acuerdo adoptado (...) para expresar la solidaridad con el juez Baltasar Garzón».
La moción, presentada por Izquierda Unida, hace referencia a dos de las tres causas que Garzón tiene abiertas en el Supremo: la de la memoria histórica y la de la «Gürtel». No así a la de los cobros durante su estancia en Nueva York en 2005 y 2006.
«Parece igualmente sorprendente la pretensión de, mediante querellas criminales constantes, minar el esfuerzo judicial (...), intentando amparar las prácticas corruptas y limitando la capacidad de investigación», señala el acuerdo, que atribuye «estas actuaciones judiciales» a los «ámbitos de la derecha y la extrema derecha de nuestro país». Esto supone «un pulso inaceptable (...) que no debe ser amparado» por los jueces.
