Zapatero ha utilizado el Debate sobre el Estado de la Nación para envolverse en una bandera reformista ciertamente descolorida y hecha jirones, pero que le sirve, al menos, para comulgar con la doctrina impuesta por Europa. Habrá que esperar hasta después del verano para conocer el alcance de los grandes cambios estructurales que se anuncian en la economía española y, en especial, el que va a afectar al sistema público de pensiones con el retraso oficial de la edad de jubilación a los 67 años.
Las reformas están todavía fermentando en el reverso de una moneda, cuyo anverso muestra a la cara el sino cruel del ajuste llevado a cabo por parte del sector público. El recorte del gasto es una asignatura que no puede quedar pendiente para septiembre y que Zapatero ha endosado como una tarea inmediata al Ministerio de Fomento.
Los segundos niveles del departamento que dirige José Blanco llevan semanas trabajando a destajo con los empresarios en busca de una salida al laberinto de la obra pública. Lo único claro es que la nueva inversión está parada y la certificación se realiza a cuentagotas por lo que, en el mejor de los casos, no queda otra que apelar a la paciencia para compensar con tiempo la falta de dinero. El retraso de los proyectos implicará un enorme esfuerzo de adaptación al cambio por parte de los numerosos contratistas, muchos de los cuales están preparando regulaciones de empleo que puedan alcanzar hasta el 40% de sus plantillas.
José Blanco comparecerá la próxima semana en el Congreso para ser investido como nuevo ministro de rebajas, un cargo para el que nunca quiso ser nominado pero que responde perfectamente el encargo de Zapatero y al castigo que está sufriendo todo el sector de la construcción en España.
