Las comunidades autónomas gobernadas por el PP continúan posicionándose frente a la Ley del Aborto una vez que el Tribunal Constitucional ha desestimado sus suspensión cautelar.
En el caso del Gobierno valenciano, la postura adoptada se basa en el cumplimiento escrupuloso de la norma, lo cual no es óbice para que la Generalitat tome una serie de medidas que permitan salvar los «obstáculos técnicos» que, a su juicio, contiene el texto aprobado por las Cortes Generales.
La más controvertida de esas medidas consiste en la realización de ecografías del feto en tres dimensiones para que las embarazadas con inteción de abortar sean conscientes de la «trascendencia ética» de su decisión con la «información visual» proporcionada por las ecografías.
Enfrente, los socialistas valencianos entienden tras la postura adoptada por la Generalitat se esconde su intención de boicotear la aplicación de la ley. En ese sentido, el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha advertido de que su partido no va a consentir que la Generalitat «acose y persiga moralmente a las mujeres» que quieran abortar.
A su juicio, los planes del Consell suponen una «falta de respeto a las mujeres y a sus derechos» por parte del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del PP.
