El actor escocés Sean Connery y su esposa, Micheline Connery, han sido imputados por un delito fiscal de 1,6 millones de euros tras la venta de unos terrenos por parte de una empresa vinculada al matrimonio. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, Ricardo Puyol, argumenta en un auto que de las investigaciones que se están realizando por un caso urbanístico denominado «Goldfinger» (donde también están imputados el actor y su mujer) se ha averiguado una serie de hechos que determinarían otro delito fiscal.
Por ello, el magistrado entiende que «a raíz de la documentación intervenida» resulta pertinente la apertura de una pieza separada para investigar «los hechos que pudieran ser objeto de esos ilícitos penales». Además, el instructor explica que dicha decisión se basa también en que estos nuevos hechos pudieran no guardar relación directa con la otra promoción «pero es más que obvio que son hechos que merecen la urgente actuación del órgano judicial».
En este sentido, el magistrado destaca que el supuesto fraude a la Agencia Tributaria podrían prescribir el próximo 25 de julio, según la documentación que le consta. El titular del Juzgado ordena que se libre una comisión rogatoria internacional y que se les tome declaración en calidad de imputado al actor y a su mujer.
El primer procedimiento, conocido por el caso «Goldfinger» (en referencia a la película de 1964 en la que Sean Connery interpretó el papel del agente británico James Bond) se investiga el complejo Malibú, unos terrenos donde se ubicaba el chalé del actor y en los que hoy se hay 72 inmuebles de lujo. Durante sus estancias vacacionales en Marbella hasta 1999, el actor residía con su mujer en el chalé Malibú, sobre cuya parcela -en primera línea de playa- se sitúa hoy un edificio de cuatro alturas, terminado entre 2004 y 2005 y conocido con el mismo nombre del anterior inmueble.
La pieza separada por la que ahora han sido citados en calidad de imputados es «Colinas del Limonar» en Málaga capital, donde la venta de aprovechamientos urbanísticos por parte de una empresa vinculada con el actor habría podido generar un delito fiscal de 1.642.576,51 euros.
Según las investigaciones, la sociedad Montelagares S.A., vinculada al actor, figura como titular registral de dos fincas, ambas situadas en el partido de los Almendrales de Málaga capital y que ambas fincas quedan afectadas al cumplimiento de las obligaciones inherentes al sistema de compensación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Supuestamente la operación no fue declarada en la correspondiente liquidación del Impuesto sobre Sociedades debido a que no se presentó, aunque si se declaró e ingresó el IVA.
El instructor acuerda con «carácter urgente e inmediato» que se libren los oportunos despachos para que se facilite a la Policía para el acceso a los movimientos bancarios y demás información. Además, acuerda el «inmediato bloqueo y embargo preventivo» de una serie de cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos y acciones, entre otros, y que si existen «cajas de seguridad» se comunique inmediatamente su existencia y se proceda a su bloqueo, autorizando la apertura de las mismas.
El magistrado mantiene que un despacho de abogados podría haber formado parte de un entramado instrumental para cometer graves delitos que pudieran ser de malversación de caudales públicos, cohecho, fraude, contra la hacienda pública y blanqueo de capitales.
