El juez Pablo Ruz, desde hace una semana sustituto de Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha asumido la causa del «chivatazo» a ETA con la reiteración a Francia de una comisión rogatoria que el pasado mes de febrero ya cursó su antecesor y a la que la juez Le Vert no ha contestado pese a haber transcurrido ya cuatro meses. Ruz reclama el tráfico de llamadas que se registró desde una cabina en territorio francés cuando se iba a proceder al desmantelamiento de una red de extorsión de ETA y que se frustró, en su primera fase, por una llamada que alertó a Joseba Elosúa, jefe de esa red.
En concreto, las llamadas que España reclama a Francia son las que efectuó el propio Elosúa a su enlace en ese país, el etarra Cau Aldanur. En realidad era este individuo quien tenía que haberse desplazado a España a recoger en el bar Faisán (propiedad de Elosúa) una entrega de dinero en la que había mediado el peneuvista Gorka Aguirre (fallecido). Como consecuencia del «soplo» policial, Elosúa decidió cambiar el plan y fue él quien cruzó la frontera. Ya en territorio francés contactó con Aldanur para explicarle lo sucedido. Fue precisamente en este trayecto a Francia cuando Elosúa contó a su yerno, que le acompañaba en coche, que un «madero» le había advertido de que se iba a desarrollar una operación contra la red de extorsión que él dirigía. De este «chivatazo» se tuvo conocimiento porque el vehículo estaba balizado. En la causa de la extorsión está imputado, entre otros, Elosúa. En la del «soplo», el ex director de la Policía Víctor García Hidalgo y dos agentes del cuerpo.
Más «celo y diligencia»
La comisión rogatoria reiterada ayer por Ruz forma parte de las diligencias rechazadas en su día por el juez Garzón y que la Audiencia Nacional le obligó a practicar tras admitir el recurso de la asociación Dignidad y Justicia. En ese auto, la Sección Segunda de lo Penal fue bastante dura con el instructor, al pedirle un plus de «celo y diligencia en su investigación (...) más allá de lo normal o lo usual» ante la «extrema gravedad» de los sucesos que tuvieron lugar el 4 de mayo de 2006 (el día del «soplo»).
Las otras de las diligencias admitidas por la Sala fueron las declaciones com testigos de policías que participaron en la investigación de la red de extorsión.
