El desafío catalán y la huelga del 29-S marcarán el Debate de la Nación
Zapatero, en su peor momento, volverá a tener a la oposición en bloque en contra por la crisis, el «tijeretazo» social y las promesas incumplidas. El Gobierno buscará apoyos para las reformas pendientes y los Presupuestos de 2011
MARIANO CALLEJA
El Debate sobre el estado de la Nación se desarrollará entre el miércoles y el jueves en el Congreso de los Diputados con el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en su peor momento político desde que llegó al poder en 2004, en plena ... soledad y debilidad parlamentaria, con el PSOE diez puntos por debajo del PP en las encuestas, divorciado de la izquierda minoritaria y enfrentado a tres desafíos: la crisis económica, el independentismo catalán, que se ha exacerbado tras la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía, y la huelga general del 29 de septiembre, la primera desde el año 2002, que supone la ruptura de la paz social, uno de los pilares fundamentales del proyecto político de este Gobierno.
Zapatero abrirá el debate a las 12 horas del miércoles y a partir de ahí se espera una procesión de portavoces con una larga lista de agravios que abroncarán al jefe del Ejecutivo sin contemplaciones, como ocurre en cada debate parlamentario desde hace dos años. De poco le servirá en este caso el bálsamo de la histórica actuación de la selección española en el Mundial de fútbol de Sudáfrica, algo que intentará rentabilizar sin duda como áximo responsable de Deportes del Ejecutivo. Lo cierto es que Zapatero, con la credibilidad bajo cero para la mayoría de la Cámara, buscará apoyos para acometer las reformas pendientes (sobre todo el proyecto de ley de la reforma laboral que se debatirá este verano y la modificación del sistema de pensiones) y tratará de allanar el camino para la aprobación de los Presupuestos de 2011.
El ambiente, muy caliente durante toda la legislatura a causa de la crisis, el paro y una gestión que no ha convencido a casi nadie, se presenta todavía más tenso tras la sentencia del TC sobre el Estatuto de Cataluña, que se conoció el viernes pasado y que ha desactivado el núcleo central de la ley.
Por mucho que la consigna del Gobierno haya sido proclamar la «derrota» del PP, autor del recurso de inconstitucionalidad, por una sentencia que «solo» anula 14 artículos e interpreta otros 27, la respuesta que se ha dado desde Cataluña, con el presidente de la Generalitat, José Montilla, al frente, desmiente por completo la postura oficial de Moncloa. El TC sentencia que Cataluña no es una nación, según la Constitución Española, que no puede tener «símbolos nacionales», que la única soberanía nacional reside en el pueblo español, que el «pueblo catalán» sólo es una «especie» de la ciudadanía española, que la relación «bilateral» que proclama el Estatuto en ningún caso puede entenderse como una relación de «tú a tú» entre el Estado y la Generalitat, y que Cataluña no puede tener un poder judicial propio. Es decir, la columna vertebral del Estatuto se hace añicos y deja en evidencia lo que Zapatero repitió una y otra vez en el Congreso: «Estoy plenamente convencido de la constitucionalidad del Estatuto».
En esta situación, el presidente del Gobierno tendrá a toda la oposición enfrente por la crisis, sus recortes sociales, sobre todo la congelación de pensiones, el «decretazo» laboral y por su fracaso ante el Estatuto de Cataluña. Precisamente, el portavoz de ERC, Joan Ridao, es el promotor de un frente catalanista en el Congreso, al que pretende adherir a CiU, ICV y a los 25 diputados del PSC integrados en el Grupo Socialista, para sacar adelante una resolución donde se exija respeto a lo que «decidieron» los catalanes en referéndum.
Guiños al PNV
El Debate sobre el estado de la Nación será el quinto en el que participarán José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy como presidente del Gobierno y jefe de la oposición, respectivamente. El Ejecutivo y el Grupo Socialista tendrá un ojo puesto en el PNV, una vez que CiU ya ha anunciado que no apoyará los Presupuestos de 2011. Tras la ruptura de la izquierda, que se ha enconado por el acuerdo del PSOE y el PP sobre la nueva ley de Cajas e irá a más en los próximos meses según se acerque el día de la huelga general, el Gobierno necesita a la fuerza el apoyo de los seis diputados del PNV (ya se lo han dado en los ejercicios anteriores a cambio de un «precio») para tratar de salvar las cuentas públicas del año que viene, y por eso se espera algún gesto de simpatía hacia este grupo. La reunión de Rajoy e Iñigo Urkullu la semana pasada se ha observado con mucha atención en las filas socialistas.
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