La Comisión Europea ha propuesto que los depósitos que los ciudadanos tienen en las entidades financieras estén garantizados hasta 100.000 euros y que, en caso de quiebra, el dinero esté disponible en un máximo de 7 días. En el caso de los inversores también hay buenas noticias ya que, si se aprueba esta propuesta, tendrán garantizados 50.000 euros frente a los actuales 20.000.
El comisario europeo de Mercado Interior, Michel Barnier, ha asegurado que «el objetivo es darle seguridad a los consumidores europeos sobre sus depósitos, sus inversiones o sus seguros, con independencia del país europeo donde vivan».
La propuesta modifica y refuerza la Directiva de 1994 por la que se crearon los Fondos de Garantía de Depósitos en todos los países europeos para garantizar, con límites, los depósitos de los titulares de cuentas bancarias.
El nuevo mínimo garantizado, los 100.000 euros, cubrirá al 95% de los titulares de cuentas y empresas en Europa contra cualquier posible quiebra de entidades aunque estarán exentos los depósitos realizados por los propios establecimientos financieros y entidades públicas, los productos de inversión estructurados y los certificados de Deuda. La garantía es por titular y entidad, de tal modo que si un mismo titular tiene depósitos por más de 100.000 euros en una entidad sólo tendrá garantizados los equivalentes a este «techo».
Entre las novedades figura también una simplificación de las formalidades administrativas, lo que no es baladí teniendo en cuenta que un elevado porcentaje de bancos tienen sus sedes centrales en otros países. De este modo será el Fondo de Garantía del país donde esté el cliente el que tenga que hacerse cargo de un eventual reembolso del depósito tras una quiebra y, posteriormente, este Fondo se pondrá en contacto con su homólogo en el país de origen de la entidad sin que el depositante tenga que hacer gestión alguna.
La idea de Bruselas es que, al ampliar y homologar las garantías de todos los depósitos «al alza» en toda la UE, los bancos compitan más entre sí a la hora de ofrecer sus productos y los depositantes tengan menos reticencias a tener sus ahorros en otros países europeos distintos al suyo ya que tendrán las mismas garantías.
Todas estas propuestas podrían entrar en vigor en 2012 si para esa fecha han recibido ya el visto bueno del Consejo y el Parlamento Europeo.
