A Nogales (Arizona) y a Heróica Nogales (Sonora) las separa la historia, la economía y una frontera que surge en medio de una calle. Dos ciudades sin ningún encanto (50.000 habitantes, la «gringa»; casi cinco veces más, la mexicana) son puerta de entrada y salida al sueño y a la pesadilla: el pasaporte al sueño americano o a la muerte rodeada de coyotes, serpientes, alacranes y cactus bajo el sol del desierto. Por la frontera de Nogales pasan a diario un número indeterminado de emigrantes (en su mayoría, centroamericanos y mexicanos) que, tras pagar a los «polleros» (traficantes de personas) hasta 3.000 dólares, se arriesgan a cruzar las apenas 65 millas que los separan de Tucson (Arizona), la civilización y una promesa de trabajo.
Pero por la frontera de Nogales cruzan también cada día unos setenta deportados, los mismos que apenas unas horas antes eran detenidos por la Patrulla Fronteriza estadounidense y puestos a disposición de un juez penal, que arregla en minutos lo que, por procedimientos civiles, se demoraba más de un mes. Se trata de la «Operación Streamline», un programa de «tolerancia cero» puesto en marcha en 2005 en Del Río (Texas) y Yuma (Arizona), extendido a Laredo (Texas) un año después. Tucson, que se sumó al plan en 2008, juzga a más inmigrantes irregulares que ninguna otra área: este año se espera que pasen por la corte unos 26.000, y se calcula que el número se incremente en un 30 por ciento para el año próximo.
Los juicios son públicos, rápidos y en grupos: siete hombres encadenados de pies y manos a una argolla que pasa por la cintura y que no produce música celestial. Con la ayuda de traducción simultánea, un magistrado federal les lee sus cargos y todos contestan al unísono: «Sí, señor». «Culpable, señor». En apenas un cuarto de hora se dicta sentencia. «Los siguientes»...
Los reos son deportados sin cumplir condena, aunque esta queda registrada en previsión de que en el futuro vuelven a ser capturados. No se conoce el número exacto de casos juzgados por este sistema, pero en 2008 fueron procesados un total de 70.000 ilegales, el doble que el año anterior.
Según un informe del Warren Institute de Berkeley, la «Operación Streamline» estaría desviando hacia la lucha contra los inmigrantes recursos antes destinados a perseguir delitos mayores: «Mientras se incrementan las persecuciones a las entradas ilegales al país, las actuaciones contra el contrabando de personas o de sustancias controladas han disminuido».
En ocasiones, ni siquiera es necesario un juicio rápido. La Border Patrol puede expulsar a quien considere conveniente por una garita de la frontera o incluso por pasos no regulados. Es el caso de Anita, de 18 años, apresada después de haber entregado a su hijo de un año a un joven oaxaqueño que consiguió escapar.
A los deportados los esperan en albergues como el Juan Bosco, la Casa Madre Conchita, la Casa Hogar Nuestros Pequeños Hermanos o el DIF municipal, destinado a menores sin familia. En 2009, tan sólo en Nogales más de seis mil niños fueron atendidos tras ser expulsados de EE.UU.; 900 eran reincidentes; y el 12 por ciento, niñas.
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