El anuncio realizado por el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, de que la CE podría suspender las ayudas agrícolas, regionales y de cohesión a aquellos países que tengan déficit excesivo, ha causado cuando menos perplejidad y asombro. El importe de estos fondos podría ascender hasta los 7.600 millones de euros, como ha asegurado el secretario de Estado de Medio Rural y Agua, Josep Puxeu. De esta cantidad, algo más de 5.200 millones corresponderían a ayudas directas (pagos acoplados, ayudas específicas y pagos adicionales), en torno a 1.000 millones pertenecerían a otras partidas especiales de gasto y, finalmente, cerca de 1.400 millones serían subvenciones destinadas al desarrollo rural, que constituye el segundo pilar de la Política Agrícola Común (PAC).
Rehn puntualizó, sin embargo, que esta medida se tomaría de manera excepcional si aquellos países apercibidos siguieran incumplimiento las recomendaciones para corregir sus desequilibrios supondría «la pérdida definitiva de los pagos para el país afectado».
Las organizaciones agrarias creen que esta amenaza preventiva de suprimir las ayudas provenientes de la PAC acarrearía problemas serios a los Estados miembros que incumplan la disciplina presupuestaria. ya que estas sanciones no afectarían directamente a los beneficiarios de los fondos, ya que los países estarían obligados a continuar pagando los subsidios aunque no sean reembolsados por la Comisión. Esto plantea la duda de si estos Estados serán capaces de afrontar el compromiso de hacer efectivos los pagos agrícolas con sus propios fondos. Desde Asaja se preguntan de dónde obtendría esos fondos y qué mecanismos se impondrán para que esta obligación de pago sea en tiempo y forma y que el agricultor no sea uno más en la lista de acreedores.
Por su parte, Miguel López, secretario general de la COAG, asegura que esta iniciativa comunitaria está «totalmente fuera de lugar». A su juicio, si se habla de sancionar a un país con un
determinado nivel de endeudamiento y «se le obliga a aumentarlo, subvencionando a sus agricultores y ganaderos, esto no tiene ningún sentido».
Desde el Ministerio de Medio Ambiente, Puxeu asegura que este tipo de penalizaciones, que si bien ya están previstas en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento nunca se han llevado a la práctica. El secretario de Estado aseguró que «España está haciendo los deberes de forma seria en cuanto al control del déficit» tras advertir que el Gobierno gestiona la PAC «con un gran rigor».
