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Columnas / AD LIBITUM

Otro conflicto estéril

En las repúblicas bananeras, cada cual hace lo que le viene en gana, pero no lo proclama a los cuatro vientos

Día 07/07/2010
EL Tribunal Constitucional, ese mueble inservible en nuestra decoración democrática, vuelve a ser génesis de crispación y enfrentamiento entre españoles. Tras cuatro años de espera y excitación ciudadana a propósito del nuevo Estatuto de Cataluña, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley del aborto, nos corresponde esperar ahora a que —sin prisas, por favor, no se atropellen— el nunca bien ponderado TC dictamine sobre la suspensión cautelar de la ley hasta la sanción de su constitucionalidad. Es, si vamos al fondo del problema, mera cuestión de estilo. Las leyes se hacen en el Parlamento, se perfeccionan por su uso y se corrigen con el olvido; pero, siendo tan sensible el asunto en el que ésta se centra, cualquier resquicio es bueno para la polémica y no debiera ser una de las altas instituciones del Estado la que lo proporcionara.
A quienes creemos en el derecho a la vida como el primero y principal de los derechos humanos, el único previo a la libertad, no puede gustarnos la nueva ley del aborto. Ni la vieja. No es una cuestión de matices y plazos, sino de principios; pero tampoco podemos ignorar, en tanto que demócratas, que esa ley se ha tejido en las Cámaras y la respalda una mayoría representativa. De no mediar la demora del TC no habría cuestión para el debate y, en consecuencia, ese debate tampoco es de mayores vuelos. Ramón Luis Valcárcel, el presidente de Murcia, se ha convertido en «héroe nacional» por no acatarla y eso es, al menos formalmente, de mayor gravedad que lo que lo motiva.
Mientras, como ayer señalaba en estas páginas Valentí Puig, el presidente del Gobierno de España le busca un atajo a la Generalitat para «burlar» las limitaciones que la sentencia del TC señala al nou Estatut, el máximo representante del Estado en una Autonomía se permite el lujo de, por sí y ante sí —sin ser desautorizado por sus jefes de fila—, impedir en «su» territorio la vigencia de una ley de ámbito nacional. ¿Es esto un Estado de Derecho o se trata de una parodia bufa? En las repúblicas bananeras, esas que tanto protege Miguel Ángel Moratinos, cada cual hace lo que le viene en gana, pero no lo proclama a los cuatro vientos.
En el «caso Valcárcel» la conjunción de una cuestión moral, como el aborto, con otra cívica y constitucional, tal que el acatamiento de la ley, complica el asunto hasta el infinito y coopera con las fuerzas que, por distintos motivos y con diferentes actores, trata de desencuadernar la frágil embarcación del Estado. Especialmente frágil cuando empieza a resultar difícil la definición de los límites geográficos de la Nación.
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