A pocos días para que el Gobierno dé vía libre a la nueva normativa de estas entidades, el Banco de España ha decidido no ceder en su postura. Quiere que el nuevo texto legal sea el preámbulo de la privatización de las cajas de ahorros. Y así se lo ha hecho saber el supervisor al propio Ejecutivo, que ultima ahora los detalles de la ley. La propia Salgado declaró ayer que «es posible» que llegue al consejo de ministros de este mismo viernes. El gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, ha trasladado al Ejecutivo su oposición a que la nueva LORCA incluya la tradicional petición de la Confederación de las Cajas de Ahorros (CECA), patronal del sector, de que las fusiones virtuales (SIP) puedan instrumentarse mediante agrupaciones de cajas de ahorros.
Según fuentes del sector consultadas por ABC, el gobernador considera que este apartado no encaja con el espíritu del resto de la norma, que orienta a estas entidades hacia una mayor facilidad de capitalización, tanto por la vía de la emisión de cuotas participativas (ya sea con derechos políticos o sin ellos), como por la «bancarización» del tradicional modelo de las cajas de ahorros.
Las cajas de ahorros ya no serán como hasta ahora. Ayer mismo, el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, reconoció que las cajas «adolecían de unas peculiaridades que las han hecho más vulnerables a las turbulencias» y dijo, una vez más, que es necesario dotarlas de «un nuevo estatus jurídico». «En definitiva», dijo Aríztegui, someterlas «a la disciplina del mercado».
En un curso de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) organizado por el Banco Santander y celebrado en la capital cántabra, Aríztegui criticó la «excesiva» exposición al sector inmobiliario de tuvieron las cajas, el exceso en número y tamaño de sucursales instaladas y «que no son funcionales», su incapacidad para acudir a los mercados financieros para emitir acciones y su tendencia a financiarse en los mercados mayoristas internacionales en lugar de hacerlo con depósitos minoristas locales. Para resolver esos problemas, Aríztegui defendió el papel de la futura Ley de Órganos Rectores de Cajas de Ahorros (LORCA) y del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).
El subgobernador espera que la nueva legislación esté lista de forma «inmediata», en cualquier caso en este mes, y señaló que sería «un avance muy importante» que permitiese la emisión de cuotas participativas con derechos de voto (como las acciones de los bancos). Además, abogó por reforzar sus gobiernos corporativos y «el grado de profesionalización de su gestión». De ese proceso de reforma del sector también forma parte el FROB. Aríztegui confesó que el montante puesto a disposición del sector por ese fondo es de «un importe elevado» pero eso «no quiere decir que refleje una estimación del coste del proceso y, mucho menos, que deba utilizarse en su totalidad».
Test de estrés para todos
El otro reto al que se enfrenta el sector financiero en el corto plazo son los test de estrés que evaluarán la solvencia de las entidades y que serán publicados en la segunda quincena de este mes. Aríztegui avanzó que, además del Santader y del BBVA, los otros bancos cotizados y todas las cajas de ahorros españolas han sido sometidas a esa prueba. El responsable cree que estas pruebas de solvencia «mostrarán la solvencia del sistema bancario español» y dijo que «para nada» se prevén sorpresas entre la banca europea. Serán los mercados, siempre tan volátiles y desconfiados, quienes tengan la última palabra.
