El geólogo americano Xue Feng
Tras la desarticulación de la trama de espías rusos, un nuevo caso de tráfico de secretos nacionales, esta vez industriales, vuelve a enrarecer las relaciones diplomáticas de Estados Unidos y a cuestionar el sistema legal de China, donde la justicia es sólo una herramienta más al servicio del régimen.
Xue Feng, un geólogo de origen chino pero nacionalizado estadounidense tras haberse formado en la Universidad de Chicago, fue ayer condenado a ocho años de prisión y a pagar un multa de 200.000 yuanes (23.557 euros) por haber vendido una completa base de datos sobre la industria petrolera nacional a la empresa para la que trabajaba, la consultora americana IHS.
Junto a él, el Tribunal Popular Intermedio número 1 de Pekín sentenció a tres ciudadanos chinos como cómplices. Li Yongbo, director de la empresa Beijing Licheng Zhongyou Oil Technology Development, fue condenado a la misma pena e igual multa, mientras que a Chen Mengjin y Li Dongxu, que trabajaban en institutos afiliados a la petrolera estatal Petrochina, les cayeron dos años y medio y una multa de 50.000 yuanes (5.888 euros).
Nada más conocer el fallo, el embajador de EE.UU. en China, Jon Huntsman, que ha seguido el caso muy de cerca, emitió un comunicado mostrando su «consternación» e instó al Gobierno chino a que «libere de forma humanitaria a Xue y lo deporte».
Esta nueva condena ha vuelto a poner de manifiesto las dificultades que tienen los empresarios para hacer negocios en el gigante asiático, especialmente los chinos que obtienen otra nacionalidad y regresan a su país. En marzo, Stern Hu, un ejecutivo de la minera Rio Tinto con pasaporte australiano, fue condenado a diez años entre rejas por pagar sobornos para comprar secretos de Estado.
Desde el pasado mes de abril, el régimen de Pekín incluye bajo la vaga definición de secretos de Estado, los secretos empresariales de sus compañías estatales. Sin embargo, fue en 2007 cuando Xue Feng y su compañía compraron a una firma china la base de datos sobre la industria petrolera nacional, formada por grandes empresas estatales. En su defensa, Xue adujo que pensaba que se trataba de información comercial disponible para el público.
Torturado con cigarrillos
Pero, al margen de su inocencia o de su culpabilidad, su detención revela las oscuras lagunas del sistema legal chino. Xue Feng fue detenido hace dos años y medio y, según ha denunciado a su abogado y a los funcionarios de la Embajada estadounidense, sufrió torturas durante los interrogatorios, ya que los policías le golpeaban en la cabeza y quemaban con cigarrillos para arrancarle una confesión.
Desde la última vista oral celebrada hace seis meses, Xue Feng, de 44 años, ha estado esperando a conocer la sentencia en una cárcel que ni siquiera conocían su abogado ni su Embajada. A la vista de la suerte que han corrido otros disidentes políticos también encarcelados, como Hu Jia, Liu Xiaobo y los abogados Gao Zhisheng y Zhang Enchong, no parece que el régimen de Pekín vaya a dejar de utilizar la justicia como una herramienta más de represión.
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