Murcia y Navarra encabezan la rebelión contra la ley del aborto libre

Sin embargo, ha sido recibida por las comunidades con más trabas que alharacas. La posición de los gobiernos regionales se ha movido desde la clara y rotunda insumisión pregonada por Ramón Luis Valcárcel, el presidente murciano, hasta el acatamiento, con pegas, manifestado por Cataluña, Baleares o Andalucía, pasando por las críticas y dificultades que presentarán Madrid, Navarra, La Rioja, Valencia o Castilla y León.

Lo cierto es que la reforma no ha contentado a nadie. Las críticas han llovido desde todos los ámbitos. Han encontrado pegas a la misma grupos feministas, asociaciones provida, partidos políticos, las clínicas abortistas, los sindicatos y colegios de médicos y de enfermería, los centros de enseñanza, los padres de alumnos y, sobre todo, la Iglesia, que por medio de la Conferencia Episcopal, ha sido especialmente dura en su condena.

El varapalo social se anunciaba tan tremendo que el Gobierno ha tenido que sacar a la opinión pública a toda su artillería pesada para defender la nueva ley. Con el presidente, José Luis Rodríguez, y el beligerante ministro de Fomento, José Blanco, a la cabeza, centrando sus críticas en el PP y en la «derecha». Junto a ellos, Aído, Trinidad Jiménez, la ministra de Sanidad, y el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que han intentado «vender» la constitucionalidad y las pretendidas bondades de una reforma que además del aborto, regula el adoctrinamiento escolar imponiendo una visión muy concreta y sectaria de la sexualidad.

El PP, tras su Junta Directiva, y por medio de la secretaria nacional de Educación, Sandra Moneo, aseguró que las comunidades autónomas populares realizarían «el máximo esfuerzo para ofrecer a todas la mujeres y a todos los jóvenes una alternativa distinta al aborto frente a los embarazos inesperados».

El presidente murciano fue el que siguió la consigna más al pie de la letra hasta el punto de llamar a la rebelión. Valcárcel aseguró que «seguiremos buscando las vías jurídicas, en ellas estamos y cuando se haya resuelto todo ya veremos a ver qué es lo que se hace. De momento no hay razones para acatar la ley».

Menos contundentes, pero en la misma línea se manifestaron representantes de Madrid, Valencia, Galicia y Castilla y León. Desde la capital de España hicieron hincapié en que «se protegerá el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios», una cuestión que la reforma ni incluye ni respeta. Y Valencia seguirá primando sus políticas de ayuda a la maternidad y a la adopción por encima del aborto. Navarra, donde gobierna UPN, avisó de que se cumplirá, pero a su manera. Es decir, se «garantizará» el aborto, pero las intervenciones deberán seguir haciéndose fuera de la región.

En comunidades socialistas como la castellano-manchega también se va a intentar solucionar el vacío legal con un «registro de objetores», que muchos profesionales consideran una «lista negra». Además, avisan de que las intervenciones, como en los casos de Andalucía, Baleares, Cataluña y muchas otras, seguirán realizándose en clínicas privadas y no en la sanidad pública. Las mujeres deberán adelantar el dinero —unos 300 euros de media— y luego las consejerías de salud se lo abonarán pasados unos meses.

El Gobierno intentó salvar la situación arremetiendo contra el PP. Zapatero acusó a los populares de «llevar al TC lo que pierde políticamente». Tildó la norma de «constitucional» y aseguró que es «preventiva, segura y europea». Por su parte Blanco aseguró no entender que «la derecha española se rasgue las vestiduras». Caamaño la calificó de «muy buena ley». Y Aído celebró que las menores de 16 años tengan ahora la oportunidad de «decidir por ellas mismas».

Contrapunto episcopal

Los obispos pusieron el contrapunto al discurso oficial por medio de una nota en la que no dudan en considerar que la nueva ley «empeora la vigente» y deja «sin protección alguna» a la vida humana.

Advierten de que «se trata de una ley objetivamente incompatible con la recta conciencia moral». Denuncian que «establece un concepto de salud tan ambiguo que equivale a la introducción de las llamadas indicaciones social y eugenésica como justificación legal del aborto». Critican que ponga en el sistema educativo obligatorio «la ideología abortista y de género». Por último, lo obispos recuerdan que hablan «en favor de quienes tienen derecho a nacer y a ser acogidos por sus padres con amor».