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LA ROTONDA

CONDENADOS A ENTENDERSE

COMO un anticipo de lo que probablememte será la sentencia definitiva, la Audiencia Nacional ha denegado esta semana, por quinta vez, una petición de suspensión cautelar de las obras del túnel del AVE por parte de la Sagrada Familia. Ni la apelación al principio de «periculum in mora» (peligro inminente) ni el informe provisional de la Unesco han servido para que los magistrados de la Audiencia ordenasen detener las obras, una circunstancia que ha llevado el desánimo al Junta Constructora, al entender que el avance de la tuneladora hacia el templo es imparable.

El tono de la redacción del auto ya indica también que los magistrados comienzan a estar algo cansados de un proceso «tortuoso» —según su propia definición— y que en pocos meses debe darse por concluido, tanto por que la tuneladora ya habrá superado la altura de la Sagrada Familia como por que ya se habrá dictado sentencia.

Visto en perspectiva, y ante lo que ya se intuye como una derrota judicial, puede que en la Sagrada Familia se extienda la idea de que erraron la estrategia, que quizás hubiese sido mejor buscar la colaboración con la administración, aceptando el inevitable paso de la tuneladora a cambio de ayuda en la consecución de las obras del templo.

Resumiendo, algo así como: «vale, nos tragamos el túnel, no armamos ruido, pero nos ayudaís con la Sagrada Familia». No se trata de que sea el Ayuntamiento quien tire adelante las obras del templo, ya que esto iría en contra de la esencia misma de la Sagrada Familia, que se construye a partir de donativos y ahora principalmente con lo que se recauda con las entradas. No, se trataría de buscar la imprescindible y necesaria colaboración del Ayuntamiento para avanzar en unos trabajos que en los próximos años van a adquirir unas proporciones sorprendentes, y que por sus dimensiones e impacto no se entendería que no tuviesen una mínima supervisión pública, como pasa ahora.

El cimborio principal tendrá una altura de 170 metros —setenta por

encima de las actuales torres—, por no hablar de la fachada principal del templo, la de la Gloria, a la que en el proyecto original de Antoni Gaudí se accede por una plaza que sobrevuela la calle Mallorca y una escalinata que ocuparía lo que ahora es la manzana que va desde esta vía a la de Valencia. Resulta muy difícil pensar que un día puedan llegar a derribarse los bloques de pisos —en terreno afectado, por cierto— para construir dicha escalinata, pero sí que es del todo imposible pensar que algo así se pueda hacer sin el concurso de la administración.

Es cierto que a toro pasado, y cuando ya se intuye una sentencia negativa, es fácil decir que la Sagrada Familia hubiese podido sacar alguna contrapartida por el paso del AVE; también es cierto que desde el patronato se creyó en su momento que podían parar judicialmente los trabajos, y que debían intentarlo. Sea como fuere, el Ayuntamiento y la Junta Constructora deben llegar a un entendimiento y dejar de ignorarse mutuamente, como ha sucedido en los últimos años.

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