El paro salvaje en el metro de Madrid, que ha afectado a dos millones de usuarios, ha removido uno de esos debates que duermen durante años en el Congreso de los Diputados y de pronto se despiertan con sobresalto: la regulación del derecho a la huelga mediante una ley. La mayoría de los grupos parlamentarios son partidarios de afrontar el debate y acabar con lo que muchos en esta Cámara consideran una «anomalía democrática», pero advierten que la ley no puede hacerse «en caliente», en el contexto de la huelga general del 29 de septiembre, sino con la cabeza muy fría y sin conflictos sociales en el ambiente. Sólo se opone de plano la izquierda minoritaria (IU y BNG), donde se sigue sosteniendo que la mejor ley de huelga es la que no existe.
efe
Manifestación de los sindicatos ayer en Madrid.
La huelga es un derecho fundamental recogido en la Constitución, que establece en su artículo 28.2 que «la ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». La ley prevista en la Carta Magna, sin embargo, no existe. Lo único que hay es un Real Decreto-Ley preconstitucional, de 1977, de Relaciones de Trabajo, que en su momento fue depurado e interpretado por una sentencia del Tribunal Constitucional de 1981. Desde entonces hubo un solo intento, tras la huelga general de 1988. Fue en 1992, con Felipe González como presidente del Gobierno, cuando se quiso aprobar un Proyecto de Ley Orgánica de Huelga, que decayó en 1993, justo en el último minuto por la disolución anticipada de las Cortes. Entonces se apuntó que una de las causas del anticipo electoral fue precisamente evitar la aprobación de esa ley, ante las divisiones que había ocasionado en el Partido Socialista. Lo cierto es que han pasado 17 años y nunca más se supo.
Hasta hoy. La huelga salvaje en el metro de Madrid ha reabierto el debate sobre el cumplimiento de los servicios mínimos y el respeto a otros derechos
fundamentales de los ciudadanos que se han visto perjudicados por ese paro total. El diputado socialista y abogado de UGT Manuel de la Rocha comenta a ABC que la huelga es «uno de los pocos derechos fundamentales, quizás el único, que está regulado por una ley preconstitucional». Por eso, De la Rocha ve «necesario que haya una ley que regule el ejercicio de este derecho, pero debe tramitarse en frío, no en caliente». «Nunca debe hacerse como réplica al ejercicio concreto del derecho que hagan los sindicatos y los trabajadores».
De la Rocha cree que en la futura ley tendrá que promoverse la «autorregulación, en periodos fríos, de empresarios y sindicatos para la limitación de los servicios esenciales y mínimos». En esta línea, el secretario general del Grupo Socialista, Eduardo Madina, subraya que la clave debe ser «el cumplimiento de los servicios mínimos». Si bien considera que el derecho ha funcionado muy bien en los últimos 30 años, sí es necesario «ordenarlo, que no restringirlo».
«¿Intocable?»
En el PP, José Ignacio Echániz, portavoz en la Comisión de Trabajo, asegura que la «adaptación de la legislación es imprescindible», porque el Estado social y de Derecho del siglo XXI no tiene nada que ver con el preconstitucional. «Hemos sido capaces de acometer reformas sensatas y prudentes, y el ámbito de la huelga no puede quedarse al margen como intocable». El diputado del PP sostiene que hay que abordar el debate sobre una ley de huelga, pero «hay que pensarlo con la cabeza fría y en el momento oportuno». «Es indispensable que las reglas del juego estén perfectamente establecidas». A su juicio, la ley de huelga debería servir para «endurecer las medidas y las sanciones a quienes impidan el cumplimiento de los servicios mínimos, porque perjudican otros derechos fundamentales», comenta. «El derecho a la huelga no puede situarse por encima de otros», resume.
El portavoz de Trabajo de CiU, Carles Campuzano, resalta que el
derecho a la huelga está pendiente de regulación desde que se inició la democracia. El diputado nacionalista catalán apuntaque cada vez que se produce una huelga conflictiva se plantea el mismo debate, y por eso pideque «de una vez por todas, los agentes sociales y el Gobierno aborden esta cuestión». Al Ejecutivo, añade le corresponde la iniciativa, y los grupos después valorarían la propuesta. «Sólo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena», señala
Por el Grupo Mixto, Rosa Díez (UPyD) se muestraabierta al debate sobre la ley, pero dejaclaro que el hecho de que no la haya «no puede ser una coartada para que el Gobierno no actúe en casos como el del metro de Madrid con todas sus consecuencias». Carlos Salvador (UPN) subrayaque es «muy conveniente» actualizar y adaptar una legislación que tiene ya más de tres décadas.
