Madrid fue ayer una auténtica ratonera. La huelga salvaje y sin servicios mínimos convocada en el Metro provocó un caos en toda la ciudad y vías de acceso. Más de dos millones y medio de personas se vieron privadas de su transporte habitual pero prácticamente toda la población sufrió los efectos de una paro total. Metro no funcionó. Estuvo cerrado. El refuerzo de las líneas de autobuses y de los trenes de Cercanías de Renfe, no fueron suficientes.
Los ciudadanos perdían los nervios, a medida que avanzaba la jornada. La situación se repetirá hoy: nueva huelga sin servicios mínimos. Los sindicatos pueden acordar, también hoy, un paro indefinido, salvaje y total para el mes de julio. La empresa pública, que ayer intentó reabrir la línea 8 que comunica el centro de Madrid con el aeropuerto de Barajas, ha amenazado con aperturas de expedientes a los trabajadores que no han realizado los servicios mínimos. No se descartan despidos y acciones legales ya que no respetar dichos mínimos se considera ilegal.
El motivo de este conflicto tiene que ver con la reducción salarial de los empleados de Metro. El parlamento autonómico aprobó el pasado lunes una ley por la que se reducen el sueldo, en diversos porcentajes, a los 200.000 empleados públicos de la comunidad autónoma. A esa ley, y ante la amenaza de huelga, el PP introdujo una enmienda por la que otorgaba a Metro, y sólo a este empresa, la flexibilidad suficiente para negociar con sus trabajadores cómo proceder a dicha reducción en la masa salarial que, en principio, se establecía en un 5 por ciento. Se proponía, incluso, que el sueldo se bajara un 2,15 por ciento y que el resto se dedujera de otros conceptos.
Sin embargo, el comité de huelga de Metro se opuso desde el principio a cualquier recorte salarial. Su argumento es que no hay ley que valga porque ellos tienen un convenio colectivo en vigor que expira el 31 de diciembre de 2012. Se niegan en rotundo a tocar ese convenio. Y, además, estaban
dispuestos a última hora de la tarde de ayer, a mantener su postura y su huelga, incluso la indefinida. Es más, en una asamble celebrada al mediodía de ayer, los asistentes insistieron en que «nosotros no tenemos nada que negociar. Está negociado y en vigor nuestro convenio. Llegaremos hasta el final», decían los representantes sindicales.
Desde el Gobierno regional se insiste en que esta es una huelga política y un ensayo general para la jornada de huelga general del próximo 29 de septiembre. Tampoco se entiende que se plantee un conflicto tan desmesurado como éste en la Comunidad de Madrid cuando los ajustes salariales y sociales están propiciados desde el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, dijo ayer que los sindicatos tienen «la obligación de respetar los servicios mínimos y advirtió que ser trabajadores de un transporte público no les da «capacidad de chantajearnos a todos y paralizar la ciudad. 7.400 trabajadores del Metro no pueden poner en jaque a 6,4 millones de ciudadanos madrileños».
Desde la Consejería de Transportes se había dado la orden de iniciar expedientes disciplinarios e, incluso, redactar un escrito para el Fiscal general del Estado contra las amenazas de los sindicatos de «reventar Madrid». Se recuerda, por activa y por pasiva, que es hora de que «todos nos tenemos que apretar el cinturón» y que la práctica totalidad de la plantilla de Metro «tiene el puesto de trabajo estable y garantizado».
Tampoco se entiende muy bien el hecho de que los secretarios generales de CC.OO. y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, aplaudan la huelga sin servicios mínimos de Metro de Madrid y que digan, además, que es un episodio del que «se debe extraer una enseñanza».
Como contraste, tres ministros criticaron ayer que no se respetaran los servicios mínimos. Fueron el de Interior, Pérez Rubalcaba; el de Fomento, José Blanco; y el de Trabajo, Celestino Corbacho. «Cuando se
convoca na huelga se deben respetar los servicios mínimos», recalcó este último.
«En un Estado de Derecho —aseguró Blanco—, todos estamos obligados a cumplir con la ley». Rubalcaba, por su parte, llamó a Esperanza Aguirre para ofrecerle «colaboración institucional». Las espadas siguen en alto y hoy también se prevé una jornada caótica en Madrid.
