En el camino entre los cuatro años, desde el mitin socialista en el Palau de Sant Jordi en el que Zapatero dijo que apoyaría el Estatuto que saliese del Parlamento catalán al 1 de noviembre de 2006 -cuando los socialistas ganaron las elecciones catalanas- a hoy, la historia se repite. Cataluña marcó el rumbo de la política nacional en 2006, y sin duda lo hará de nuevo este año, sea cual sea la decisión que han adoptado los diez magistrados del Tribunal Constitucional. Este trabajo de cuatro años lo motivó, en primer lugar -aunque luego le siguieron otros seis recursos-, el recurso del PP interpuesto hace casi un cuatrienio por el Partido Popular en contra del Estatuto de Autonomía de Cataluña contra el preámbulo, 114 de los 223 artículos de la ley y 12 disposiciones adicionales y finales. En total, 451 folios, avalados por la firma de más de cien diputados populares, y que arremeten contra la «Constitución paralela» que postula el articulado catalán.
¿Qué recurre el PP?
¿Qué recurre el PP?
Los populares impugnan buena parte del contenido del «Estatut», pero se centran básicamente en dos cuestiones: en el preámbulo del texto se dice que Cataluña es una nación y el PP recurre la inconstitucionalidad del término puesto que «no hay más nación que la española», a su juicio; y además, se recoge el «deber de conocer el catalán», así como la regulación del poder judicial en Cataluña, lo que para el PP confirma una «Justicia propia en Cataluña y deja en desigualdad a los españoles» que no abarca el Estatuto autonómico.
Otros «ejes vertebradores» del recurso son la delimitación competencial, que «recorta la capacidad del Estado» en Cataluña; la bilateralidad, por cuanto quiebra la convivencia en igualdad de los españoles y de las comunidades; y la financiación autonómica, con compensaciones presupuestarias a Cataluña que no reciben otras comunidades y con proclamas como una Hacienda propia.
¿Por qué recurrió el PP?
En el recurso llevado hasta el TC por Federico Trillo, portavoz de Justicia del PP, y la dirigente Soraya Sáenz de Santamaría, figuran argumentos como que «el "Estatut" es una ley integrada en el bloque constitucional, cuya puesta en marcha exigirá modificar más de treinta leyes del Estado. Y la sentencia del TC debe ser ejemplar -alegan- para consolidar el modelo constitucional del Estado de las autonomías y no permitir excesos en las restantes revisiones de estatutos en marcha». Que el articulado catalán no altere «el modelo territorial», ni «dé paso a una España con 17 realidades nacionales regidas por diferentes textos», ni «provoque un daño irreparable» son otras de las peticiones que hacen los populares en su recurso de inconstitucionalidad.
