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Los políticos catalanes modifican sus agendas ante la posible sentencia sobre el Estatut

Los dirigentes han reducido sus compromisos y reunido a sus ejecutivas

Día 28/06/2010 - 18.13h
Nervios, cruce de declaraciones y, sobre todo, modificación de agendas. Ante la posibilidad de que, esta vez sí, el Tribunal Constitucional dicte sentencia sobre el Estatuto, la mayoría de dirigentes catalanes han reunido a las ejecutivas de sus partidos y han reducido sus compromisos esta semana, como es el caso del presidente catalán, José Montilla, quien sólo mantiene su asistencia a la reunión del gobierno catalán previsto para mañana.
Montilla tiene contacto permanente con el jefe de la oposición, Artur Mas, para intentar consensuar una "frente común" en respuesta a la resolución. Montilla ha utilizado todas las tácticas dilatorias posibles para evitar que la sentencia le estallara en plena precampaña de las elecciones autonómicas, previstas para noviembre pero que podrían adelantarse, dado el fracaso que supondría haber apostado y desarrollado un texto inconstitucional, que incluso le ha enfrentado con el PSOE.
A CiU tampoco le conviene una sentencia, pues su líder -así se lo recordará el tripartito- fue quien pactó el texto con el presidente José Luis Rodríguez Zapatero en los denominados "pactos de la Moncloa". El portavoz de CiU en el Congreso y presidente de UDC, Josep Duran Lleida, ha suspendido un viaje oficial a Guatemala ante la inminencia de un fallo que, según dice, acatará pese a estar en desacuerdo. En medios políticos se habla de una posible "cumbre" de partidos en favor del Estatuto.
Por su parte, el líder de ERC, Joan Puigcercós, aprovecha el previsible recorte estatutario para convocar actos en favor de la independencia. El primero tendrá lugar mañana. Los republicanos, sin sentencia o con ella, dieron por terminada la vía autonómica hace tiempo y han convertido las consultas de autodeterminación como uno de sus caballos de batalla electorales. ERC votó en contra del Estatuto en el referendo que se realizó hace cuatro años, lo que le valió su salida del Gobierno dirigido entonces por Pasqual Maragall. Curiosamente, los republicanos reniegan de la paternidad del texto, pero han abrazado su causa cuando le ha convenido.
Asimismo, el secretario general de ICV y diputado en el Congreso, Joan Herrera, anunció que su grupo propondrá un nuevo referéndum "unitario" para que los ciudadanos valoren el nuevo texto que salga del TC.
Para los populares, el fallo también supone una contaminación de las elecciones autonómicas, pues admiten que el hecho de haber sido los principales impulsores del recurso, les convertirá en objeto de todas las diatribas de los partidos nacionalistas.
Pese a ello, la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, apeló al sentido común de todos las formaciones, e hizo un llamamiento al "respeto y serenidad" hacia una institución que, según han denunciado en varias ocasiones, ha sido víctima de una campaña de desprestigio inaceptable. Desde Ciutadans, se reclama una sentencia clara y sin ambigüedades para no hacer el juego a quienes "sólo quieren superar el marco constitucional", dijo el portavoz de esta formación, Jordi Cañas.
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