La derrota del PSOE en el Senado, al aprobar la moción del PP para instar al Gobierno a prohibir el burka, tras abandonar CiU a los socialistas y ponerse al lado de los populares, ha terminado por desquiciar al Gobierno, que parece que no acierta cómo salir del callejón al que le ha empujado la estrategia de Pajín en la Cámara Alta.
La resaca de la derrota le ha tocado protagonizarla a varios ministros del Ejecutivo de Zapatero, que ayer tuvieron que salir al rescate de una insólita situación, que no estaba prevista, y que ha vuelto a poner en el escaparate político las contradicciones del Gobierno. La versión más peculiar de este enredo en que se ha visto envuelto el PSOE la ofreció la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, al descolgarse con unas declaraciones en las que asegura que una «prohibición general del burka» supone «añadir más penalización» a las mujeres que lo visten, ya que, a su juicio, ya «son víctimas del burka», informa Ep.
Aunque en un primer momento se refiere a que prohibir el burka es una penalización más, a continuación se pronuncia en el sentido contrario, y señala que el objetivo del Gobierno «no es sólo que los burka desaparezcan de las calles, sino que las mujeres no tengan que llevarlo en la vida pública ni en la privada».
Si la contradicción de Aído es palpable, aún lo es más la del ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Si hace algunos días se mostraba partidario de prohibir el burka en la nueva regulación que se hará con la Ley de Libertad Religiosa, ayer dijo en Bruselas todo lo contrario, que ya hay una «respuesta suficiente» para este problema en el ordenamiento jurídico.
Caamaño se refirió a la moción aprobada en el Senado, que especifica claramente que se insta al Gobierno a prohibir el uso en espacios públicos de vestimentas que provoquen que el resto quede totalmente cubierto, señalando que «en los términos en los que lo ha redactado el Senado, creo que ya hay respuesta legislativa suficiente en nuestro ordenamiento jurídico, pero habrá que estudiarlo».
El tercer ministro en intervenir ayer en esta polémica cuestión fue el de Trabajo, Celestino Corbacho, que se opuso a lo que dijo Aído. Se mostró partidario de la prohibición, ya que afirma que «ocultar la cara de la mujer completamente significaría adoptar un retroceso en la forma de funcionamiento de la sociedad, que es avanzada y democrática. No concibo, no entiendo» que una persona pueda estar trabajando en un espacio público y privado, atendiendo a ciudadanos, con esta vestimenta».
Por otra parte, el debarte del burka legará al Congreso, a través de una moción presentada por CiU.
