El Gobierno castigará las prejubilaciones en las empresas que tengan beneficios

Bruselas quiere cambios rápidos también en el sistema de pensiones en nuestro país y la reforma se acerca a toda velocidad. El Gobierno ha recuperado sus propuestas iniciales, las que fueron presentadas en enero pasado y discretamente guardadas en el cajón del olvido, y se ha marcado como plazo máximo después del verano para ponerlas en marcha. Mejor, con el aval del Pacto de Toledo, pero de no haber asentimiento por parte de esta comisión del Congreso a sus propuestas, el Ejecutivo llevaría adelante igualmente sus cambios, como ha ocurrido con la reforma del mercado de trabajo tras el fracaso del diálogo social.

La reforma diseñada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero tiene entre sus principales medidas limitar las prejubilaciones en empresas con beneficios o, lo que es lo mismo, eliminar las formas de uso indebido del despido como forma de acceso a la jubilación anticipada, muy utilizadas en nuestro país sobre todo durante esta crisis, según ha sabido ABC. La estadística evidencia que casi la mitad (el 42%, aproximadamente) de las personas que se jubilan cada año en España, lo hacen por debajo de los 65 años (ver gráfico superior). A finales de 2009, un total de 112.427 trabajadores, de los casi 300.000 que pasan cada año a engrosar la nómina de la Seguridad Social, lo hacen en cualquiera de las modalidades de prejubilación conocidas: prejubilaciones especiales a los 64 años, parcial (contrato de relevo), sin coeficiente reductor y con coeficiente reductor. De entre todas ellas, el 60% aproximadamente lo son con coeficiente reductor y casi un 30% son parciales; es decir, utilizando el llamado contrato de relevo, una modalidad que crece cada año. Una de las ideas que se está barajando es incrementar progresivamente la edad mínima de prejubilación desde los 52 actuales que recoge la ley hasta los 58 años.

No es ésta la única medida que el Ejecutivo quiere poner en marcha para apuntalar un sistema que, según sus cálculos, de no introducir reformas, entraría en riesgo en 2023, año en el que operaría el Fondo de Reserva, y en una situación más que delicada en 2030. Así, y siguiendo el camino emprendido por otros países europeos, el Ejecutivo mantiene su intención de retrasar la edad legal de jubilación de 65 a 67 años La ampliación comenzaría de forma paulatina en 2013 y concluiría en 2025 a razón de dos meses por año, según la propuesta del Ejecutivo, que hora recupera tras ser discretamente retirada de la circulación principios de año tras el fuerte rechazo social recibido.

Conjuntamente con ambas iniciativas, el Gobierno de Zapatero trabaja con la hipótesis de ampliar de 15 a 17 los años mínimos que se requieren para cobrar una pensión y de 15 a 25 los que se tienen en cuenta para calcular la prestación lo que entiende el Ejecutivo que aumentaría la contributividad del sistema. Ambas edidas fueron rectificadas n enero pasado a las

pocas horas de ser enviadas a Bruselastras un fuerte contestación de sindicatos y partidos de la oposición. Los cambios también se llevarán a cabo para las pensiones de viudedad y de orfandad. Las primeras se limitarán para el caso concreto de familias sin hijos y con poco tiempo de convivencia. Dejarían de recibir una pensión vitalicia y obtendrían un único pago compensatorio. Y en el caso de orfandad, se pondrán en marcha modificaciones que permitan a todos los descendientes los mismos derechos, independientemente de la relación familiar entre los progenitores.

La propuesta que más críticas ha generado entre el resto de partidos políticos y los sindicatos es la de alargar la edad de jubilación, tal y como han vuelto a manifestar en las recientes comparecencias en la comisión del Pacto de Toledo del secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado; del secretario general de UGT, Cándido Méndez y, ayer mismo, del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho. La mayoría se opone con rotundidad y solamente algunos, como el PP, admitiría una prolongación voluntaria e incentivada.

Cíticas en el Congreso

El portavoz del grupo popular en esta comisión, Tomás Burgos, acusó ayer al Gobierno de «violentar e incumplir» el Pacto de Toledo, cuya situación es «enormemente delicada». Después de espetarle a Corbacho que «nadie sabe hoy si será su última comparecencia en este Parlamento» (por los rumores sobre su posible salida del Gobierno a corto plazo), Burgos manifestó que «esta comisión no le va a hacer la reforma» al Ejecutivo.«Si lo que pretende el Gobierno es que esta comisión le haga un proyecto de ley, no va a ser así», aseguró este portavoz a ABC tras recordar que el Ejecutivo no ha cumplido a día de hoy ni una sola de las recomendaciones realizadas por el Pacto de Toledo.

Sobre este asunto, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, insistió ayer, en una sala próxima a la del Pacto de Toledo, que esa discusión tenga lugar con la «máxima celeridad y el mayor grado de consenso político». Y explicó que lo «óptimo» sería elevar la edad de jubilación, el mínimo de número de años necesarios para acceder a la prestación y revisar el periodo de cálculo de la pensión.