El Gobierno de Zapatero vuelve a enfrentarse esta tarde en el Pleno del Congreso a una votación crucial, sólo un mes después de que convalidara el «tijeretazo» social por un único voto de diferencia y sin ningún apoyo de la oposición. En este caso, los socialistas llegan al debate con más oxígeno para sacar adelante el «decretazo» de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, aunque no han logrado que ningún grupo de la oposición haya anunciado su voto afirmativo por el momento, en un intento de marcar todas las distancias posibles con el Ejecutivo. Tal y como están las cosas, las abstenciones saben a victoria en el PSOE.
La reforma laboral aterriza en el Parlamento tras el fracaso estrepitoso del diálogo social y después de que el Gobierno pasara dos años despreciando la propuesta insistente de la oposición, sobre todo PP y CiU, para acometer una modificación de calado en el mercado de trabajo. El Gobierno, ahora, se ha visto obligado a aceptar que el Real Decreto-Ley se tramite como Proyecto de Ley para que los grupos no lo deroguen y al menos se abstengan, con la expectativa de mejorar el contenido. A partir de hoy mismo empezará una carrera contrarreloj para tramitar lo más rápido posible el Proyecto de Ley, ya que muchos temen en el Congreso que se produzca un frenazo de las contrataciones, a la espera de que la nueva norma ue se apruebe sea más ventajosa para los empresarios que el decreto-ley que ya está en vigor.
En la Memoria del análisis de impacto normativo, que acompaña al texto aprobado por el Consejo de Ministros, el Gobierno calcula que desde julio de 2010 hasta diciembre de 2011 se crearán en España 2,37 millones de nuevos contratos indefinidos (895.723 en el segundo semestre de este año y 1,47 millones el próximo ejercicio). Los contratos de fomento de la contratación indefinida supondrán el 50 por ciento sobre el total de fijos este año (447.861 sobre 895.723), mientras que el año que viene serán el 60 por ciento (884.698 sobre 1.474.497), siempre según las estimaciones del Gobierno.
El coste del «decretazo»
En la misma Memoria, a la que ha tenido acceso ABC, se estima que el coste de las medidas incluidas en el «decretazo» laboral alcanza los 740,55 millones de euros, de los que 123,62 millones corresponden al gasto del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), de ocho días de indemnización por despido de cada contrato indefinido. El Gobierno calcula que tendrá que atender 179.145 despidos, con un salario medio al día de 86,3 euros, 2.587,8 euros al mes, y con un coste a cargo de Fogasa (ocho días) de 690,1 euros.
Además, el fomento del uso de la reducción de jornada como instrumento de ajuste temporal de empleo, que sigue la estela del conocido como «modelo alemán», tendrá un coste de 116 millones de euros.
Más allá de los números, la oposición seguía mostrando ayer su escepticismo sobre el contenido de la reforma laboral. El PP se ha negado en redondo a adelantar el sentido de su voto, pero su vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, dio varias pistas y dejó la puerta abierta a todo tipo de interpretaciones. Sugirió, por un lado, que si su partido recibe una llamada del Gobierno antes del debate de esta tarde y muestra su disposición a pactar con el PP la reforma del mercado laboral, los diputados populares podrían votar que «sí» en la convalidación del decreto-ley. De sus palabras pudo desprenderse también que la posición lógica del PP si no ocurre nada extraordinario hasta el momento de la votación será la abstención, para ser «congruentes» con su discurso de los últimos años. Lo que parece descartado es el voto en contra, porque el PP también espera introducir sus enmiendas en la tramitación del proyecto de ley.
Algo parecido ocurre en CiU. Son diez diputados vitales para el Gobierno. Ya lo fueron en el anterior «decretazo» que contenía el mayor recorte social de la democracia, porque su abstención entonces sirvió de salvavidas a José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora ya han anunciado que «facilitarán» la tramitación de la reforma laboral, aunque se reservan hasta hoy si votarán a favor o se abstendrán.
El PNV se decantó ayer por la abstención, lo que allana definitivamente el camino a la reforma laboral. Coalición Canaria, el otro socio presupuestario del Gobierno, decidirá hoy mismo el sentido de su voto, aunque tiene claro que no se opondrá al decreto-ley. El voto en contra queda reservado, en principio, para la izquierda. IU-ICV, BNG y Na-Bai han anunciado su rechazo a la reforma, mientras que ERC se ha alejado del Gobierno según se acercaba éste a CiU.
