Las corporaciones locales se unieron ayer al plan de ajuste del Gobierno, igual que un día antes hicieran las comunidades autónomas, y se comprometieron, de manera unánime, a reducir su déficit en 2.000 millones de euros el próximo año. De acuerdo con el nuevo escenario presupuestario, ayuntamientos y diputaciones cerrarán 2011 con unos números rojos de 8.000 millones de euros, el 0,8% del PIB, e lugar de los 10.000 millones, el 1% del PIB, previstos el pasado mes de enero.
Parte de este ajuste vendrá inducido directamente por las medidas de recorte aprobadas por el Gobierno central, como la congelación del sueldo de los funcionarios, pero además, las entidades locales tendrán que tomar medidas para lograr un ajuste extra de al menos otros 200 millones de euros.
En la reunión que el Gobierno Central mantuvo ayer con la Comisión Nacional de Administración Local, los representantes municipales mostraron su compromiso con el proceso de consolidación de las finanzas públicas que España se ha comprometido a llevar a cabo. En este sentido se mostraron dispuestos a acelerar el ritmo previsto de reducción del déficit y a aplicar en el ejercicio de sus competencias las medidas que consideren necesarias para alcanzar dichos objetivos, según informó el Ministerio de Economía en un comunicado.
De este modo, el Gobierno consigue el apoyo de todas las administraciones públicas a sus objetivos de saneamiento presupuestario. De ahí que ayer mismo el Consejo de Ministros aprobara el nuevo escenario de reducción del déficit público para los próximos tres años, que permitirá situar los números rojos de España en el 6% del PIB el próximo año y en el 3% en 2013.
El Consejo de Ministros aprobó también el techo de gasto de los Presupuestos para el próximo año que, como ya ha explicado la vicepresidenta Salgado incluye un recorte adicional del gasto del Estado de 10.000 millones de euros.
El problema es que la falta de credibilidad de España hace que estas grandes cifras, que hace unos meses hubieran sido suficientes para Bruselas, hoy, tras la pérdida de credibilidad de nuestro país, no lo son. De ahí que tras el compromiso de las administraciones territoriales de reconducir su déficit, llega la segunda parte, explicar con qué medidas lo van a conseguir.
La CE ya advirtió el martes a España que tenía que aclarar cómo va a recortar el déficit en más de 7.500 millones de euros. Según el Ministerio de Economía, la cifra sobre la que Bruselas pide explicaciones es un recorte fundamentalmente autonómico y local, de modo que ayuntamientos y comunidades deben definir las medidas concretas que aplicarán para conseguir estos objetivos. Las cifras solas ya no valen.
