El «Libro verde», muy verde

El «libro verde» resulta un ejercicio teórico encomiable, desde cierto punto de vista, porque contextualiza algunos de los complicados entresijos administrativos y legales del Plan Nacional. Incluso la mayoría de sus propuestas, por generales, lo son. Pero diríase que ha sido pensado para un país distinto, no para la España actual. Reflexionemos.

Hace tres años que nuestra sociedad democrática tomó conciencia del valor del patrimonio sumergido, antes un poco olvidado. Ése fue el único lado positivo del caso Odyssey. El Plan Nacional nació en respuesta de la demanda social de proteger ese patrimonio y por ello el entonces ministro de Cultura, César Antonio Molina, sumó a las Comunidades Autónomas y también a Defensa y Fomento en el proyecto, cuya principal aportación era crear un criterio de política de Estado.

Con Ángeles González-Sinde en el Ministerio, el Plan siguió su trámite, y se firmó un convenio para que la Armada sumase sus medios técnicos y sus buques. Luego perdió fuelle en los meandros autonómicos que han retrasado un año el convenio, hoy a punto de recomenzar.

A los autores del «Libro verde» no les gusta esto. Ni citan esa posibilidad en toda su obra. Su forma de invocar a la sociedad a la que quieren servir es como mínimo irreal. No se puede interpretar de otro modo su propuesta ideal: que los arqueólogos cobren del erario público, ya que pagados por empresas «quedan sometidos a los intereses económicos y a la presión de las constructoras» (pag.34), y que se aumente su número para que estén en cada nudo decisorio de las distintas administraciones... Lo malo no es que esta propuesta exhale un tufillo anticapitalista que sobra en un marco teórico, lo malo es que atropella el sentido común en un país asediado por la crisis, los recortes y la deuda del Estado. Mejor que contar con la Armada, los autores del estudio prefieren alquilar en cada Autonomía equipos tecnológicos de última generación. Ideal.

Por más encomiable que resulte el empeño de valorar el ámbito público de actuación como garantía en cuestiones de Patrimonio, así como la mejora de nuestras infraestructuras arqueológicas y los marcos legales —punto fuerte de la obra—, no se entiende que se le niegue consideración pública a la Armada, que tiene el máximo interés en que las cosas se hagan bien para proteger y rescatar su historia, que es la nuestra. Tampoco que cuando la fuerza democrática de nuestra sociedad quiere implicarse se arrojen sombras de duda sobre las empresas arqueológicas y sobre quienes las contratan (p. 68): «Empresas privadas de arqueología contratadas por los promotores de las obras. Ello genera a veces tensiones y presiones importantes sobre aquellas empresas arqueológicas». La ley y la profesionalidad no merecen tal desconfianza generalizada, porque hay empresas en España que han cumplido con creces la lealtad hacia el Estado denunciando expolios y abusos.

El «libro verde» estará verde, pero es muy lúcido cuando constata que desde 1961 (fecha de un congreso que describió muchos problemas que aún no hemos resuelto) ha habido un avance «espectacular» que no se ha traducido en publicaciones científicas. Ni en las excavaciones. ¡España aún no ha excavado un solo galeón! Claro que el libro pide que no se siga la ambición mediática de conseguir grandes logros. Porque el mayor peligro para nuestros pecios son «las obras públicas y privadas» (p. 32). De hecho, considera a los cazatesoros «un espejismo» tecnológico (p.29). ¡Pues menos mal! Si llegan a ser reales se llevan la Giralda y la Torre del Oro.