El caos económico de la Universidad Complutense es un auténtico escándalo. Una deuda de 150 millones de euros a su espalda causa escalofrío. Las nóminas de sus trabajadores podrían correr peligro si el plan de ajuste que incluye la renovación de contratos, la reducción de altos cargos y la venta de algunos terrenos y viviendas no se lleva a cabo lo antes posible. El rector de esta Universidad, Carlos Berzosa, no es precisamente un ejemplo de buena gestión económica ni de oportunidad política. Aun se recuerda su participación en el aquelarre en favor de Garzón que se organizó en dependencias del campus de Moncloa. Pero lo más grave estaba por venir: bajo su falta de neutralidad, impropia del responsable de una institución universitaria de primer nivel, existía una nefasta administración financiera que está a punto de estallar.
Para pagar las nóminas el rector va a tener que echar mano de una póliza de crédito, pues no hay un euro en las arcas. De hecho, en los últimos puentes y vacaciones largas (Navidades, Semana Santa...) los empleados recibieron la orden de no acudir a trabajar para evitar a la Universidad el gasto que supone mantener abiertas las instalaciones en días de poca o nula afluencia de estudiantes o profesores. Lo curioso es que las medidas de ajuste pasan ahora por la venta de los pisos de la residencia de profesores conocida como Profesorera, situada entre las calles Isaac Peral y Reyes Católicos.
Es curioso que ahora el Rectorado decida desmantelar los privilegios de estos docentes, conservados durante lustros con independencia de su vinculación a la Universidad. No así ha ocurrido en los últimos años con los parientes del personal laboral (ordenanzas, conserjes, jefes de mantenimiento...) que han sido desalojados sin contemplaciones de sus viviendas, muchas de ellas ubicadas dentro de las Facultades. Ese era el trato progresista del rector a las familias más desfavorecidas. Ahora, la crisis ya no sabe de clases. Qué se le va a hacer, señor Berzosa.
