El Pleno de las Cortes Regionales de ayer, donde se debatía la creación de una empresa pública para gestionar el aval de 140 millones para el aeropuerto de Ciudad Real, volvió a convertirse en un cruce de acusaciones entre PP y PSOE, puesto que ambos partidos no han llegado en los últimos quince días a un acuerdo para dar una solución conjunta a esta infraestructura aeroportuaria privada.
Desde el primer momento la tensión reinó en el salón de sesiones, y prueba de ello fue cuando el diputado popular, Leandro Esteban, reprochó al presidente de las Cortes, Francisco Pardo, que el Pleno hubiera empezado con veinte minutos de retraso por llegar éste tarde, un comentario que no debió gustar a Pardo, que reaccionó retirando la palabra al portavoz del PP.
El resultado del debate fue el esperado, se aprobó la creación de la Empresa Pública de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha con los votos a favor del PSOE y la ausencia en la sala de los diputados populares, que decidieron abandonar sus escaños antes de la votación y cuando el presidente de Castilla-La Mancha, una vez finalizado el debate de los grupos, iba a tomar la palabra.
Con la palabra en la boca
Y es que ayer el presidente regional pretendía que la jefa de la oposición, María Dolores de Cospedal, pudiera subir a la tribuna para debatir con él sobre el aeropuerto, después de que unos minutos antes Leandro Esteban considerara un acto antidemocrático la actitud de Barreda de hablar cuando ya ningún diputado de la oposición puede darle réplica, como ha sucedido en otros plenos.
Lo que se aprobó finalmente fue la proposición de Ley presentada por el Partido Socialista que insta al Consejo de Gobierno a «crear una empresa pública en materia de gestión de infraestructuras aeroportuarias en las condiciones fijadas en la presente ley» y cuya finalidad es promover y contribuir a la viabilidad de las infraestructuras aeroportuarias en Castilla-La Mancha.
El punto más importante de esta proposición de ley es el artículo 5 en el que se dice que «la Junta podrá prestar avales para las operaciones de crédito que se concierten con esta empresa pública, previa autorización del Consejo de Gobierno». Indica que «durante el ejercicio 2010 el importe máximo de estos avales se establece en 140 millones de euros».
El diputado socialista encargado de defender este punto, José Manuel Caballero, defendió la creación de esta empresa pública como la mejor solución para el aeropuerto y el mejor instrumento desde el punto de vista jurídico, y lo importante es salvar la infraestructura, con independencia de quienes sean sus propietarios —hay que recordar que está ahora en proceso de concurso de acreedores—, en este caso una empresa privada.
Y fue muy crítico con el Partido Popular por no apoyar esta empresa pública, y reiteró lo que en los últimos días han ido diciendo algunos dirigentes socialistas, que el único interés del PP es hundir el aeropuerto ciudadrealeño «por un puñado de votos» o porque «alguien tiene intereses en otro aeropuerto y el de Ciudad Real es un competidor».
El secretario de Acción Parlamentaria del PP, Leandro Esteban, justificó la ausencia de su grupo en la votación de la empresa pública en que no quieren participar de «una cacicada a partir de la que se quitan 140 millones de euros a los ciudadanos para dárselos a gente que cuentan con millones de beneficios en sus cuentas de resultados». También denunció que el PSOE aprueba el aval sin antes pedir «un sólo papel a una empresa en quiebra, en concurso de acreedores, cuando no ha presentado en los juzgados su contabilidad», de ahí que el PP no apoye esta normativa que, según Esteban, puede concurrir en un delito de prevaricación.
