El Parlamento catalán dio ayer el primer paso para la celebración de un referendo sobre la independecia de Cataluña, que podría tener lugar durante la próxima legislatura previa autorización del Gobierno español. La Mesa del Parlamento catalán aprobó ayer, con una amplia mayoría integrada por CiU, ERC e ICV, la admisión a trámite de la Iniciativa Popular (IP) para celebrar un referendo sobre la independencia de Cataluña, en aplicación de la nueva Ley de consultas populares catalana.

«Para que el Parlamento de Cataluña lleve a cabo las iniciativas necesarias para hacer efectiva la voluntad popular, ¿está de acuerdo en que la nación catalana se convierta en un Estado de derecho, independiente, democrático y social integrado en la Unión Europea?», es la pregunta propuesta por los impulsores de la iniciativa, los mismos que durante el último año han celebrado consultas independentistas en centenares de localidades catalanas. Un texto que tanto el PSC como PP anunciaron que llevarán ante el Consejo de Garantías Estatutarias -el consultivo catalán- para que dictamine sobre su constitucionalidad.

La propuesta llegó el pasado 25 de mayo al registro del Parlamento autonómico con el apoyo de 7.000 firmas, pero una vez conseguida la adhesión de los grupos nacionalistas en la Cámara, y cuando la iniciativa sea validada por la Junta Electoral, los promotores tendrán seis meses para conseguir al menos el aval del 3% de la población catalana para que el referendo siga su curso.

La decisión de la Mesa fue acogida con euforia por ERC, que basa su discurso ante las próximas autonómicas en la celebración de un referendo sobre la independencia, y con ambigüedad por CiU. Los nacionalistas han sido claves para la admisión a trámite de la iniciativa, pero ayer se esforzaban en advertir contra las «falsas esperanzas» promovidas por Esquerra. «CiU no quiere ser partícipe de este engaño monumental» argulló Oriol Pujol tras avalar la iniciativa, porque a juicio de los convergentes la Ley de consultas catalana que ampara este proyecto es demasiado tibia al someter las consultas a la aprobación del Gobierno, tal y como exige la Constitución.

Por su parte, el portavoz del PSC, Miquel Iceta, tuvo que hacer malabarismos para no descalificar la iniciativa avalada por sus socios de gobierno y condenar la actitud de CiU en esta cuestión. El Parlament «tiene competencia para impulsar una reforma de la Constitución, pero entonces el tenor de la pregunta debería ser otro» argumentó para explicar su recurso al Consejo de Garantías.