Las medidas prometidas para modernizar la Justicia y acabar con un colapso endémico que satura los juzgados y obliga a los jueces a trabajar muy por encima de los niveles que marca el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llegan; y, encima, les bajan el sueldo. Los jueces de Valencia, que celebraron junta general, dijeron ayer basta y acordaron seguir la senda marcada esta misma semana por los togados de Murcia y Cartagena. Harán una huelga de celo; trabajarán lo necesario para resolver el número de asuntos que el Poder Judicial tiene asignado a cada órgano; no harán ningún sacrificio personal para resolver aquello a lo que no llegan durante su jornada laboral. Es, dicen, «la única alternativa posible» porque no están dispuestos a suplir con su «esfuerzo» las «carencias» de un «sistema decadente».

Trabajan el doble y el triple

La carga de trabajo de prácticamente todos los juzgados de Valencia supera con creces los módulos marcados por el CGPJ. Hay órganos que resuelven el doble e incluso el triple de asuntos de los que deberían. Depende de los órdenes jurisdicionales, de la especialidad. El Poder Judicial recomienda que cada juzgado de lo Contencioso no tramite más de 600 demandas; los de Valencia registraron en 2009 casi el doble, 1.142, un 90% por encima de lo deseable.

La situación más penosa es la de los juzgados de lo Mercantil, saturados por la crisis económica. El módulo de entrada está fijado en 350 nuevos casos al año; registraron, sin embargo, 1.285 demandas, un 267% más de lo estipulado.

La situación es grave también en los juzgados de lo Social: el módulo de entrada está en 850, pero registraron más del doble, un 111% más, en concreto 1.795 denuncias.

El mismo lastre afecta de los Juzgados de Primera Instancia, con 1.041 casos por encima de lo que marca el módulo (720) o a los de Ejecutorias (los que se encargan de hacer cumplir las sentencias penales) con 1.147 demandas por encima de lo que marca el Consejo.

La huelga de celo no hará sino agravar el colapso judicial. Porque si los jueces se hubieran limitado a cumplir con la carga de trabajo fijada por el CGPJ, en 2009 hubieran resuelto 542 asuntos menos en cada juzgado del orden Contencioso Administrativo, casi 1.000 casos menos en cada Mercantil y otro tanto en lo Social, en Primera Instancia y en Ejecutorias Penales. La gota que ha colmado la paciencia de los togados valencianos ha sido el recorte de sueldos aprobado por el Gobierno. Ha sido, dicen la puntilla para un colectivo «desilusionado» y «desmotivado» al ver cómo «se difumina el espejismo de la modernización» prometido por las administraciones tras las movilizaciones que desembocaron el pasado año la primera huelga de jueces de la Democracia. Y no descartan que haya una segunda, aunque «como último recurso».

Los poderes públicos, se lamentan «no han adoptado hasta la fecha ni una sola medida mínimamente eficaz»; recuerdan que, hasta ahora, jueces y magistrados «han arrinconado cualquier pretensión de índole retributiva» y se han limitado a denunciar «la falta de medios y el caos organizativo y competencial» que impide dar una respuesta ágil a los ciudadanos y concluyen que «la única respuesta ha sido la reducción de nuestras retribuciones».

Los jueces valencianos realizaron ayer un llamamiento a la unidad de las distintas asociaciones para que defiendan con «contundencia y perseverancia» sus intereses profesionales; intereses que pasan por recurrir la rebaja salarial por considerarla «injusta e inconstitucional»; exigir una modificación del régimen de incompatibilidades para poder tener una segunda ocupación, otra fuente de ingresos; y reclamar la autonomía presupuestaria del Consejo para que sus sueldos no dependan del Ministerio.