Gobernar con «decretazos» tiene sus costes y sobre todo cuando salpica a sectores muy específicos de la actividad económica como es el caso de la Farmacia. El Ejecutivo anunciaba hace escasos días un plan de ahorro que ,a a la luz de las conclusiones de los afectados, no parece tanto. Ni mucho menos.

Nada más conocerse los recortes del Gobierno, el sector farmacéutico ya puso el grito en el cielo alertando de inminentes daños colaterales derivados del «devastador» impacto económico que sufrirá el colectivo, pilar fundamental del sistema sanitario español. Pues bien, según los cálculos de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), a cuyo informe ha tenido acceso ABC, el «tijeretazo» conllevará el despido de unos 20.000 profesionales de las oficinas de farmacia, para paliar el efecto de los menores ingresos.

Coste social evitable

El binomio «menor número de trabajadores y, por tanto, menor contribución en IRPF» se traduce en una pérdida económica para el Estado que ascenderá a 800 millones de euros, según el mencionado análisis. A todas luces, un coste social que, según indica Fernando Redondo, presidente de la FEFE, «podría haberse evitado si se hubiera actuado sobre la demanda». Y es que los dos «tijeretazos» aprobados en menos de dos meses contra la Farmacia dejan en situación de «K.O.» a un sector que depende totalmente de los designios del Estado. Él es su principal cliente y él se reserva el derecho de fijar los precios del medicamento, los márgenes de beneficio de las farmacias e incluso su distribución geográfica.

La FEFE estima que con los reales decretos de marzo y mayo, las 21.202 farmacias españolas perderán de media 32.338 euros anuales. Contando con que un empleado cuesta al empresario unos 22.000 euros, cada oficina perderá de media 1,45 empleados.

La Federación advierte que esta pérdida de capital humano «probablemente llevará al deterioro de la asistencia en miles de farmacias», al tiempo que denuncia que la estrategia del Gobierno para reducir el déficit público «no pasa sólo por reducir determinados gastos, sino en mejorar la eficacia del sistema, y dotarle de más recursos presupuestarios».

Buscando un modelo viable

Antes de promulgar el «decretazo» de marzo, la FEFE expuso ante la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso de los Diputados una batería de propuestas para alcanzar un modelo económico que, a su juicio, hiciera «sostenible y viable» al sector. La respuesta del Gobierno, según la FEFE, «jamás llegó».

Las medidas que el Ejecutivo rechazó se alejaban de los objetivos cortoplacistas del Estado, e iban en la línea del control de la demanda. Algunos ejemplos incluían la no financiación de «todos» los medicamentos sin receta, incrementar la venta de los medicamentos genéricos en un 5 % o adecuar el crecimiento de la demanda de recetas al número de trabajadores en activo y pensionistas.

«Unas propuestas que se alejaban del espíritu de la Sanidad española», aseguran, basado en el principio de que toda persona tiene derecho a recibir cuidados de salud, independientemente de su situación económica y laboral.

La FEFE alega que las «reducciones de precios y márgenes como medio inmediato» para conseguir el ahorro deseado por el Estado va en contra de un modelo económico y viable. Y agrega que «disponer de un servicio de atención primaria de acceso universal, y de una red de farmacias que aseguran la disponibilidad de los medicamentos a cualquier hora bajo la tutela de un farmacéutico» cuesta dinero.

«¿Hasta dónde podremos seguir financiando el modelo de Sanidad español?», se pregunta la Federación, que todavía teme más recortes al desarrollar los dos «tijeretazos»: «Pensábamos que el real decreto del mes de marzo sería definitivo y luego vino el de mayo...».