Miércoles , 02-06-10
Hace años, cayó en mis manos una noticia acerca de las protestas que los anglos de un pueblo de California dirigían contra su alcalde. El ayuntamiento sólo contrataba empleados que dominaran español o chino y los nativos se sentían discriminados. El alcalde admitió tal política, pero lo justificó, afirmando que «la competencia por atraer gentes y empresas es despiadada, lo que nos obliga a dar el mejor servicio posible si queremos atraerlas. Por eso necesitamos empleados que dominen tales lenguas».
Confieso mi admiración al leer la noticia. Tenía ante mí una política lingüística en la que el estado luchaba por adaptarse a las necesidades cambiantes de la ciudadanía, en lugar de la acostumbrada entre nosotros, donde el establishment político-cultural, apoyado por toda la panoplia del estado, se cree con derecho a decirle a la población qué lengua debería usar.
Porque, en el fondo, el problema básico de la normalización lingüística es el concepto, la sola idea de que el estado tiene derecho a meter sus narices en la lengua que hemos de hablar.
La normalización nos considera vasallos al servicio de la Idea. Piensa en nosotros no como individuos, sino como obligados miembros de la tribu. Y la lengua, en vez de un sistema de comunicación, pasa a ser símbolo de esa tribu, y peaje obligado que ha de pagar cualquier política pública, educación y economía incluidas. Tal concepto olvida que somos ciudadanos libres, que la administración y la política están a nuestro servicio, que pagamos impuestos y tenemos derechos.
En un país normal, en un país de ciudadanos y no de súbditos, las discusiones lingüísticas tendrían que girar en torno a la nueva realidad que nos rodea: cómo permitir que minorías que así lo desean tengan derecho a recibir la educación en su lengua, o cómo ese ayuntamiento del Levante, ante el influjo de una nueva población, ha decidido convertir el inglés o el alemán en lengua oficial.
En cambio, la nueva España está siendo aherrojada por la santa alianza entre esas parodias de estado jacobino llamadas autonomías y sus intelectuales cortesanos, obsesionados por construir naciones de entusiastas patrioteros. Se atreven incluso a definir lo que es normal y a intentar «normalizarnos».
Y ¿dónde quedaría el gallego con una política lingüística distinta, no al servicio de la Historia y la Nación, sino al de los ciudadanos? Donde debería quedar, en la boca de las gentes y en una administración que facilite su uso oficial y educativo a quien lo solicite. Con un futuro que han de asegurar sus hablantes, persistiendo en su uso, ampliando sus posibilidades, leyéndolo y escribiéndolo, de modo que más y más gallegos se sumen libremente a la lengua. Mas el nacionalismo lingüístico no hace eso; prefiere manifestarse para que papá-estado nos fuerce a usarlo. Que no se extrañe, entonces, de que aquellos de nosotros que aún conservamos el espíritu libre sintamos la obligación moral de oponernos.

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