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Martes , 25-05-10
Como sin duda recordarán, hubo una vez una propuesta de «Pacto social y político por la educación». Una propuesta formal, escrita. O sea, un documento con ese título. Que el título fuera ese y no otro -que no fuera, por ejemplo, un escueto «Pacto por la educación», sin adjetivo alguno- permite suponer que el Ministerio del ramo, autor del texto, concedía al acuerdo una doble dimensión y se proponía realzarla desde el principio. Por lo demás, la lectura del preámbulo del documento no hacía sino insistir en el carácter complementario de esa dicotomía o, lo que es lo mismo, en la imperiosa necesidad de aunar lo social y lo político para que el pacto llegara a buen puerto. Y hasta aludía, preventivamente, a la «especial responsabilidad» de quienes conforman el segundo de los ámbitos, en la medida en que representan al conjunto de los ciudadanos. En fin, que, así las cosas, la partida parecía jugarse a todo o nada.
Pues no. Al final, ni fue todo, ni parece que vaya a ser nada. Cuando menos a juzgar por el rechazo que cosechó el documento entre gran parte de las fuerzas políticas no comprometidas con la acción de gobierno, y por la forma como el ministro Gabilondo ha ido administrando, desde aquel mismo momento, ese rechazo. En efecto, nada más confirmarse la negativa del Partido Popular a suscribir el pacto -lo que, en el fondo, e hicieran lo que hicieran el resto de los partidos, equivalía a dar por enterrada la iniciativa-, al titular del ramo le faltó tiempo para asegurar que los objetivos y las medidas previstos en el documento seguían siendo válidos. Y que él, por supuesto, se proponía cumplirlos y aplicarlas. Pero es que, a los pocos días, Gabilondo fue más allá. Tan allá, que no sólo se desplazó hasta Bruselas para presidir el Consejo de Ministros de Educación, sino que aprovechó el viaje para declarar que piensa hacer todo lo posible por lograr un «gran acuerdo social».
Por supuesto. De lo contrario, es decir, de haber renunciado a su objetivo, a estas alturas estaríamos hablando, en buena lógica, del ex ministro Ángel Gabilondo. Recuérdese que su llegada al Ministerio de Educación tenía una sola encomienda: la consecución del tan ansiado pacto educativo. Recuérdese también que esa encomienda aparecía siempre enaltecida por el convencimiento de que el pacto en cuestión era de los grandes, de los que hacen época, o sea, un pacto de Estado. Así lo manifestaba el propio interesado en sus intervenciones públicas, y así quedó reflejado, sin ir más lejos, en el documento ministerial ya citado («Para realizar este trabajo conjunto es imprescindible que se alcance un gran «Pacto Social y Político por la Educación»», podía leerse en el preámbulo). Pues bien, ante la evidencia del fracaso -y en este punto, y por más que en cualquier negociación intervengan muchas partes, el fracaso mayor corresponderá siempre a quien se propuso lograr lo que no ha logrado- y dado que la palabra dimisión no suele figurar casi nunca en el vademécum de los políticos, al ministro no le ha quedado más remedio que ejecutar una suerte de pirueta verbal consistente en sustituir el «gran pacto social y político» por un «gran acuerdo social» -pirueta que ya había ensayado, por cierto, en una entrevista publicada hace más de dos meses. En definitiva: todo indica que Gabilondo ha renunciado a la dimensión política de su proyecto para poder continuar flotando -¡oh, paradoja!- en las aguas de la política española.
Ahora bien, ¿tiene sentido un pacto educativo como el que sigue proponiendo el ministro? ¿O un gran acuerdo social, para ser fiel a sus palabras? Lo dudo. Ante todo, porque no creo que pueda separarse lo social de lo político. Cualquiera que conozca un poco el paño sabe que tanto los sindicatos de maestros y profesores como las asociaciones de padres de alumnos, es decir, dos de los sectores pertenecientes al ámbito social con mayor peso en el campo educativo, están, por lo general, politizados. Al menos en lo que respecta a sus cargos directivos o de representación. Las coincidencias ideológicas entre algunos de esos colectivos y determinados partidos políticos -especialmente los dos grandes- son más que evidentes. Y de esas coincidencias ideológicas se derivan, como es natural, comunidades de intereses, cuando no estrategias compartidas. Por otro lado, en la financiación de esas entidades sociales -o, como mínimo, de parte de las actividades que organizan- suelen intervenir esos mismos partidos a través de los presupuestos de las instituciones nacionales, autonómicas o locales en las que gobiernan. Así las cosas, pretender deslindar lo social y lo político como si se tratara de compartimentos estancos y no existiera una clara penetración del segundo en lo que debería ser, en rigor, el terreno del primero, resulta tan ilusorio como falaz.
Pero es que, además, una simple ojeada a los contenidos del «Pacto social y político por la educación», por una parte, y a los argumentos aducidos por el Partido Popular para no suscribirlo, por otra, sirve para confirmar hasta qué punto un acuerdo como el que se persigue -esto es, un gran pacto educativo, que comprometa en un solo proyecto al conjunto de la sociedad española o, al menos, a una inmensa mayoría de sus miembros- no puede ser sino político. Es cierto, y sería absurdo olvidarlo, que todo concierto entre las partes comporta necesariamente un grado más o menos elevado de renuncias. Y que esas renuncias deben asumirse, en lo posible, de forma equitativa. Así, cuando uno repasa las medidas contenidas en el documento ministerial, encuentra indicios inequívocos de ese esfuerzo. Por ejemplo, en la división del cuarto curso de Secundaria en dos opciones, una orientada al Bachillerato y otra a la Formación Profesional. O en la reforma en profundidad de la propia Formación Profesional, de modo que tanto el tránsito interno entre niveles formativos como el externo en relación con el Bachillerato sean factibles y eficaces. En uno y otro caso se trata de un cambio notorio con respecto al sistema vigente. Pero no de un cambio suficiente para que el Partido Popular y los sectores por él representados puedan sumarse al pacto.
Y es que la propuesta del Ministerio no incluye, aparte de otros aspectos educativos, casi ninguna de las medidas capaces de preservar la libertad y la igualdad de todos los españoles. No incluye, por ejemplo, la libertad de elección de centro. Ni la garantía de que el castellano vaya a ser impartido como asignatura y usado como lengua vehicular de la enseñanza en el conjunto del país. Ni el establecimiento de unas enseñanzas comunes en todo el territorio. Ni la puesta en marcha de unos sistemas de evaluación al final de cada ciclo educativo que permitan saber, a ciencia cierta, el nivel del alumnado Comunidad por Comunidad y centro por centro. En realidad, no incluye nada que pueda agrupar a los españoles en torno a un proyecto compartido. O, si lo prefieren, nada que pueda contrariar de algún modo a los nacionalismos periféricos.
Dicho lo cual, el ministro tiene todo el derecho a seguir soñando despierto, faltaría más. Aunque, eso sí, no estaría de más que se dejara de grandezas y subterfugios verbales. El sucedáneo de pacto al que aspira es tan político como el que no ha llegado a cuajar. Y, sobra añadirlo, mucho menos representativo.
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