JAVIER GONZÁLEZ NAVARRO

MADRID. Los sindicatos han tensado un poco más su cada vez más deteriorada relación con el Gobierno y han advertido que si el Ejecutivo aprueba la reforma laboral vía «decretazo» sería el argumento determinante, después del ajuste fiscal, para convocar una huelga general.

Así se desprende de las declaraciones realizadas ayer por la secretaria de Empleo de CC.OO., Paloma López, y el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, tras reunirse con el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado; la secretaria general de Empleo del Ministerio de Trabajo, Maravillas Rojo; y el director del gabinete del diálogo social, Alfonso Morón. El objetivo de esta reunión extaordinaria, a la que también asistieron el secretario general de CEOE, José María Lacasa, y el secretario general de Cepyme, José María Villar, era que los representantes del Gobierno explicaran a los agentes sociales el alcance de las medidas anunciadas por Rodríguez Zapatero la semana pasada.

Sin embargo, los sindicatos salieron muy defraudados del encuentro. «Tenemos más información por la prensa de estos días que por lo que hoy nos han explicado», afirmó Ferrer. «Ha sido una reunión sin contenido de calidad y nos han remitido a la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de esta tarde» [por ayer].

Medidas «injustas»

Paloma López y Toni Ferrer calificaron las medidas de ajuste de «injustas», así como que «vulneran los acuerdos de la Función Pública y el Pacto de Toledo».

Explicaron que no se trató nada de la reforma laboral, aunque subrayaron que una reforma «impuesta» supondría «un salto cualitativo» que «requeriría la toma de determinadas decisiones» en un momento en el que «los sindicatos están manejando una respuesta sin descartar ningún tipo de acción».

El secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, declaró ayer que si el Gobierno aprueba el ajuste fiscal, «la huelga general estará más cerca».

Y es que tan sólo queda una semana para que la patronal y los sindicatos lleguen a un acuerdo sobre las propuestas presentadas por Rodríguez Zapatero el pasado 2 de febrero, ya que el Gobierno y la patronal han puesto como límite para alcanzar un pacto el 31 de este mes. Si no, el Ejecutivo está dispuesto a «legislar» y los empresarios dicen no temer un «decretazo». El presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, aseguró ayer que «el país no está para huelgas, ni generales ni particulares», y que lo que hay que hacer es «aplicarse» para alcanzar un acuerdo en el diálogo social tripartito.

El día 27, clave

Una fecha clave será el 27 de este mes, día en el que se reunirán, por separado, los órganos de gobierno de CC.OO. y de UGT, los cuales, decidirán si aceptan o no las propuestas del Gobierno.

El secretario general de esta organización empresarial, José María Lacasa, insistió ayer en que «seguimos siendo optimistas» en las negociaciones sobre la reforma laboral.

También rechazó que la patronal haya puesto sobre la mesa del diálogo social alguna propuesa concreta para reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. «Lo que venimos diciendo desde el verano pasado es que las empresas de nuestro país cotizan cinco puntos por encima de la media europea y que hay sitios, como el Fogasa y el fondo de accidentes, donde se podría reducir la contribución de las empresas».

Lacasa se refirió a las causas de los despidos, las cuales, deberían abaratarse al «redefinirse y especificarse mejor». Sólo el año pasado hubo en nuestro país 1.050.000 despidos, de los que el 77% fueron improcedentes. Es decir, que tuvieron una indemnización de 45 días por año trabajado si se trataba de contratos indefinidos normales -la mayoría-, o de 33 días si eran contratos de fomento.