La lista de recortes sociales que expuso el presidente Zapatero en el Congreso no ha gustado a ningún grupo de la oposición. Aquí cada portavoz habría aplicado sus propios recortes a la carta, y no hay quien se ponga de acuerdo en las prioridades. Otra cosa distinta es que todos coincidan en la necesidad de reducir el déficit público, incluso el PSOE, que hace un par de semanas decía exactamente lo contrario de lo que defiende con ahínco ahora. La veda se ha abierto y los enfrentamientos entre comunidades que se miran de reojo para ver quién sale más perjudicada, también.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, que tiene fama de ser sensato y moderado, y que para ERC es un «elefante blanco», se opone en concreto a la congelación de pensiones y al recorte a la industria farmacéutica, que afectaría especialmente a Cataluña. Pero también ofrece su propia receta: ha abogado por revisar la política de subvenciones y se ha preguntado si no es el momento de plantearse si sigue teniendo sentido el Plan de Empleo Rural (PER). «No sé si no es el momento de reflexionar sobre lo que significa el gasto del PER en Andalucía y Extremadura. Eso tenía sentido hace unos cuantos años, pero hoy no es así», declaró en la Cadena Ser.

La propuesta de Duran fue como echar sal en la herida de dos regiones muy concretas. El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, replicó inmediatamente, pero a su manera: «Es un discurso frentista en un señor que no lo es, ya que es una persona bastante sensata». Y apuntó con intención: «Podíamos entrar en una dinámica de suprimir y yo pediría que se suprimieran las ayudas a los automóviles, que les benefician a ellos, entre otras comunidades; pediría que se reduzca todavía más el precio de los medicamentos, que se fabrican allí en Cataluña».

En Cantabria, el presidente Miguel Ángel Revilla amenaza con dar la batalla por el AVE. Ha prometido rebeldía si se anulan las obras de conexión de la Meseta con esa región y aplicó una dosis de victimismo: «Es un castigo del Gobierno a un territorio de España sólo por que no montamos ningún lío, hablamos el idioma de Cervantes y no planteamos ningún conflicto de Estatut». En otras comunidades como Galicia, País Vasco y Cataluña también han saltado las alarmas por el recorte en la inversión de infraestructuras. El PNV y ERC pidieron explicaciones ayer a Blanco en el Congreso, y el ministro fue clarísimo: «La disminución de la inversión va a afectar a todas las comunidades autónomas y a toda la obra pública».

Recorte militar

Desde Izquierda Unida-ICV han hecho su propia selección de recortes. Para empezar, meterían la tijera en el gasto militar y recortarían 2.500 millones de euros. Entre otras cosas, eliminarían partidas «superfluas», como los 176 millones de euros del avión EF-2000. Además, recortarían la financiación de la Iglesia Católica (de hecho, si pudieran la eliminaban). Y luego subirían los impuestos a los que ganen más de 100.000 euros.