En Castilla-La Mancha, mañana se reunirá la Mesa del Pacto por Castilla-La Mancha, probablemente bajo la presidencia de José María Barreda, donde con toda seguridad se abordarán las medidas de recorte económico adoptadas por el Gobierno central, asunto en el que la Comunidad autónoma, ya de por sí muy afectada por la crisis, tiene poco margen de maniobra. Desde el Gobierno Barreda ya han subrayado que los recortes en el sueldo de los altos cargos de la Junta serán, incluso, superiores a los anunciados por Zapatero. No obstante, en lo referente a las retribuciones de los funcionarios, la consejera de Economía, María Luisa Araújo, ha dicho que su regulación es competencia del Gobierno central y que el Ejecutivo autonómico la tiene que asumir.

La consejera ha dicho esto después de que CC.OO. y UGT reclamaran a la Junta un "desmarque" de las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en concreto de la rebaja salarial a los funcionarios y del recorte de la inversión pública. "Compartimos con el resto de comunidades autónomas y con el resto de administraciones y con el Gobierno de España un compromiso por devolver la estabilidad a nuestras cuentas públicas", ha dicho Araújo. En este sentido, ha añadido que la mayoría de las medidas anunciada por Zapatero "son directamente aplicables", pues "tienen carácter básico y las tenemos que asumir".

La consejera ha explicado que antes de final de mes se completará la revisión del sector público incluido en el plan de austeridad para ahorrar 415 millones de euros que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico por indicación del Ministerio de Economía y Hacienda."Queremos reajustar, reorganizar las empresas públicas, las fundaciones, los consorcios en los que participamos, procurando construir un sector público regional más reducido y más cohesionado", ha recordado la vicepresidenta, consciente de que se puede hacer un "esfuerzo mayor" a pesar de que "el sector público de Castilla-La Mancha es en este momento uno de los más reducidos del conjunto de las comunidades autónomas.

Por su parte, la consejera de Industria, Energía y Medio Ambiente, Paula Fernández, anunció hoy la licitación de un primer paquete de seis edificios públicos que acometerán las obras necesarias para cumplir

con los objetivos de ahorro y eficiencia energética, que establece el Programa de Auditorías Energéticas del Gobierno de Castilla-La Mancha. Así, las obras sólo en estos seis edificios, mencionó Fernández,

"permitirán un ahorro de 50.000 euros al año en la factura de la Administración regional y una reducción de 680 toneladas en la emisión de CO2".

En medio de las protestas sindicales, que hoy han comenzado en todas las provincias de Castilla-La Mancha entre colectivos de profesores, médicos, otro personal sanitario, o funcionarios, también se ha dejado oír la voz de la oposición. El PP que preside María Dolores de Cospedal ve insuficiente el Proyecto de Ley de Medidas Excepcionales para ayudar a las pymes que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha y que contempla una inyección de 50 millones de euros para la Sociedad de Garantía Recíproca "Aval Castilla-La Mancha". El diputado regional Marcial Marín ha dicho que en Castilla-La Mancha hay 137.000 empresas que se están "ahogando" por falta de crédito, por lo que cree que se trata de una medida que va dirigida a unos pocos y que olvida a los autónomos, que "han tenido ridículas ayudas". En este contexto, recordó que entre las medidas económicas del Partido Popular se encuentran cinco paquetes de avales por valor de 140 millones de euros cada uno de ellos, lo que daría un montante de 700 millones de euros, en cada una de las provincias de la región que, según indicó, ayudaría a crear 125.000 empleos en los próximos años. En cuanto a las infraestructuras que el Gobierno central tiene en marcha en Castilla-La Mancha, como el AVE a Lisboa con parada en Talavera de la Reina, Cospedal ha dado por hecho que no se realizará a causa de la crisis.