El incendio social provocado por el recorte de Zapatero ya tiene su primera huelga general
Funcionarios, jubilados, familias, pacientes, dependientes... Ayer siguió avivándose el incendio social que han provocado los recortes anunciados el miércoles en las Cortes por el presidente del Gobierno y que supusieron la quiebra total del discurso que, en este apartado, habían mantenido en estos dos años de crisis Rodríguez Zapatero, su Gobierno y el partido que lo sustenta.
Tan es así que en apenas 24 horas ya estaba convocada la primera huelga general. Serán los funcionarios los que la protagonicen el 2 de junio. Aunque esta medida no será capitaneada por los secretarios generales de CC.OO. y de UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, que no se pondrán al frente de las protestas de los trabajadores del sector público y han traspasado el protagonismo a sus federaciones sectoriales.
De esta forma, ambos dirigentes sindicales mantienen su estrategia de no convocar una huelga general en el país, movilización que se reservan para el momento en que haya nuevos recortes sociales. Se tapan y ceden los trastos de la movilización a los cuadros medios de la federación más afectada por el recorte.
La convocatoria de esta huelga ha supuesto también la ruptura de la tradicional unión de acción sindical con CC.OO., ya que la UGT convocó unilateralmente el paro. Además del inesperado protagonismo adquirido en este caso por el sindicato socialista, se dio la circunstancia de que la Federación de Servicios Públicos de UGT hizo pública esa convocatoria mientras Méndez y Toxo explicaban en rueda de prensa en La Moncloa, tras reunirse con Rodríguez Zapatero, que no podían concretar qué movilizaciones emprenderán contra las medidas del Gobierno «hasta que no sean estudiadas y aprobadas por sus órganos internos», las cuales «serán coordinadas, como siempre, entre ambos sindicatos».
El anuncio lo realizó el secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, Enrique Fonssoul, después de la reunión de su comité federal.
Pero ya antes la Confederación Sindical de Funcionarios Independientes (CSIF) fue la que había anunciado, en el momento en que Zapatero desveló los recortes, su intención de salir a la calle. Y lo hizo advirtiendo que lo harían «solos o acompañados», como así lo aseguró su presidente, Domingo Fernández.
«Es vuestro derecho»
La situación es de tal gravedad, que la vicepresidenta primera del Gobierno y responsable de Función Pública, María Teresa Fernández de la Vega, no tuvo inconveniente en reunirse ayer personalmente con el presidente de la CSIF, para explicarle las razones del recorte. Le reconoció que este ajuste «no ha terminado»; que comprende las movilizaciones -«es vuestro derecho y lo tengo que respetar»-, y le pidió que se mantuvieran en la mesa de negociación que está abierta, para poder seguir negociando los 47 puntos del acuerdo que quedan pendientes, después de que los tres que afectan a los aspectos retributivos no se podrán cumplir. Esta negociación que le pide se retomará la próxima semana.
El estupor social que ha provocado este recorte salarial recorrió ayer España de punta a punta. Los jubilados, que verán congeladas sus pensiones, pidieron ayer desde Andalucía que la Comunidad Autónoma les «compense los recortes en las pensiones más bajas», con el objetivo de evitar su «exclusión social». El secretario general de la Unión de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados, Juan Francisco Cerrillo, reconoció que este tipo de recortes «se debería haber hecho hace tiempo».
La indignación también alcanzó a la Confederación Española de Policía (CEP), que se quejó de que se les rebaje el sueldo, mientras desde el Gobierno se subvenciona a «amigos millonarios» y se costean «proyectos disparatados» en el ámbito cultural. Este colectivo ha enviado una circular a sus afiliados en la que les explica que esta organización policial se suma a los actos de protesta. Junto con la Policía, también han expresado su malestar las dos asociaciones militares: AUME y AME. Estos colectivos aseguran que no se les debe bajar el sueldo porque son trabajos que entrañan «peligrosidad y tienen que estar al margen de las circunstancias económicas».
Desde el ámbito social, el Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid ha advertido que las medidas de Zapatero «perjudicarán el avance en la integración de las personas con discapacidad a la sociedad». Igualmente, el Sindicato de Enfermería (Satse) aseguró que las medidas son «un parche».
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