Martes , 11-05-10
Hace años, Berto Yáñez, talentoso miembro de la blogosfera galleguista, acuñó la llamada Ley de Berto. La transcribo: «A medida que unha discusión online en galego sobre calquera tema avanza, a probabilidade de que se mencione o reintegracionismo / isolacionismo achégase a 1». Con esta ley, Yáñez patentaba algo que otros muchos habíamos observado: cualquier discusión en los foros galleguistas, del tema que fuera, acababa por convertirse en una feroz querella entre reintegracionistas (partidarios de usar una norma escrita de raíz portuguesa) y aislacionistas (defensores de una norma gallega independiente).
Los reintegracionistas, conocidos también como lusistas, arguyen una obviedad: que el portugués no deja de ser, en el fondo, un dialecto emancipado del gallego. Es el gallego que no pudo ser, es decir, una lengua de larga tradición cultural y no contaminada por la invasiva influencia del castellano. Por tanto, en el actual proceso de reconstrucción del gallego, es lógico que el gallego tome al portugués como modelo tanto para su forma escrita, como para rellenar los huecos léxicos provocados por los limitados usos que éste ha tenido a lo largo de su historia.
Por su parte, los aislacionistas (isolatas en el argot) protestan la asimilación entre gallego y portugués. Defendemos el gallego porque es nuestro, explican, no vamos a dejar de hablar la lengua de Madrid para usar ahora la lengua de Lisboa. Se escandalizan especialmente con la minoría lusista que gusta de llamar al gallego «portugués da Galiza».
Un lector desatento podría pensar que estas disputas son minoritarias, y que el gallego normativo actual ha alcanzado un amplio consenso social. Se equivocan: hemos de recordar que el proceso «normalizador» ha sido un proceso de élites, impulsado por minorías resueltas y comprometidas, que han convertido su nacionalismo lingüístico en el discurso hoy dominante. La querella entre normativas fragmenta ahora a esas minorías comprometidas.
De momento, el aislacionismo tiene el apoyo del establishment político-cultural. De hecho, las publicaciones en gallego lusista no reciben subvenciones. Pero la tendencia general es otra, impulsada por una juventud nacionalista inclinada cada vez más hacia el lusismo.
Su presión ya se hizo ver en la última reforma ortográfica, que aceptó varias de sus propuestas. Y las élites normativizadoras ya han aceptado que el futuro ha de ser el de un acercamiento progresivo entre gallego y portugués. El debate normativo, en conclusión, no está ni mucho menos cerrado.
Más allá de la opinión particular de cada uno (confieso que, por razones prácticas, me inclino cada vez más hacia el lusismo), varias cuestiones llaman mi atención. La primera es la paradoja fácilmente constatable de que quien quiera hallar ataques al gallego normativo ha de buscarlos en los foros nacionalistas. La segunda es la pena que uno siente hacia el chaval gallego que hoy se afana en dominar la ortografía del gallego. ¿Quién tiene corazón para decirle que es probable que, tarde o temprano, reformen por completo eso que está estudiando?

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