LA crisis económica ha traído la imperiosa necesidad de «apretarse el cinturón», a nivel doméstico, profesional y en la esfera pública. El problema es cuando el cinturón se aprieta sin considerar a quién se perjudica. Me refiero a la peligrosa tentativa de las administraciones públicas de aprovechar la crisis como excusa para recortar gastos en servicios públicos, como ha ocurrido en la sanidad, en lugar de revisar partidas más accesorias. En la justicia, esta tendencia tiene un acento preocupante en comunidades como la nuestra, donde los abogados estamos negociando con la Conselleria de Justicia para evitar un recorte en la prestación del servicio de justicia gratuita, garantizado por el actual modelo de turno de oficio.

Dice la Constitución que el ciudadano tiene derecho a la defensa ante los tribunales (artículo 24), a la asistencia letrada cuando es detenido (artículo 17.3) y a que esta asistencia sea gratuita cuando acredite insuficiencia de recursos (artículo 119). Asimismo, el artículo 14 recoge el principio de igualdad, según el cual no puede haber distinciones ante la ley por ningún motivo. Por tanto, si el recorte del gasto que se pretende acometer significa discriminar a determinados ciudadanos negándoles su derecho constitucional a la justicia gratuita, los abogados estaremos radicalmente en contra.

No sirve el argumento de que el servicio es «demasiado caro». Los abogados del turno son profesionales que, a pesar de su acreditada experiencia y formación prestan su servicio casi vocacionalmente, con honorarios muy inferiores a los del mercado. Según el último informe del Observatorio de Justicia Gratuita, los abogados de oficio gestionan una media de 20 expedientes al año y perciben por cada asunto unos 200 euros. Un precio simbólico, ya que aunque el modelo del turno de oficio en España no tiene ningún ánimo de lucro, los servicios profesionales deben ser al menos valorados y retribuidos dignamente.

Tampoco es cierto que las administraciones asuman todo el coste de la justicia gratuita. La abogacía invierte recursos en mejorar la calidad del servicio, ofreciendo instrumentos tecnológicos para agilizar el proceso de concesión de justicia gratuita.

Algunos ejemplos son el portal www.justiciagratuita.es, que facilita la solicitud de abogado de oficio por vía electrónica, o el servicio de expediente electrónico de justicia gratuita, por el cual los datos exigibles para solicitar este servicio se pueden obtener desde los colegios de abogados en 48 horas vía Internet, reduciendo tiempos y costes.

Dice el informe del Observatorio de Justicia Gratuita que el 80% de los usuarios del servicio califica de «buena o muy buena» la atención prestada por su abogado y que dos de cada tres no observan deficiencias en el actual sistema. Es un modelo independiente, cuyo control de calidad lo ejercen los colegios de abogados como vigilantes de irregularidades y quejas, prácticamente inexistentes en relación a los cientos de miles de asuntos tramitados al año.

En definitiva, consideramos que en materia de derechos ciudadanos no podemos hablar de recortes. Como ocurre en el ámbito familiar cuando hay una crisis, el recorte debería empezar por lo accesorio, nunca por lo fundamental. El derecho a recibir justicia es un derecho fundamental de reconocimiento constitucional que no admite distinción por ningún motivo, tampoco económico. Por ello, los abogados valencianos confiamos en que la Conselleria de Justicia valorará con equidad y sensatez las necesidades de la ciudadanía a quien representa.

Decano del Ilustre

Colegio de Abogados

de Valencia