El Gobierno aprobará el protocolo que agilizará la apertura de las fosas

El Gobierno quiere dar un impulso a la apertura de las fosas de la Guerra Civil y desarrollar el protocolo incluido en la Ley de Memoria Histórica (2007) para acabar así con la sensación de parálisis provocada, según fuentes gubernamentales, por el conflicto de competencia surgido entre tres juzgados. El Ejecutivo reconoce que los retrasos transmiten una sensación falsa de que la ley, por sí sola, no sirve para dar satisfacción a las familias cuando la realidad es que muchas exhumaciones ya se han hecho y otras muchas pueden ponerse en marcha sin dilación.

El Ministerio de Justicia quiere unificar criterios para toda España de forma paralela a la resolución del conflicto competencial que tiene pendiente de resolución el Tribunal Supremo. El incidente se produjo entre el juzgado de la Audiencia Nacional del que es titular Baltasar Garzón y los juzgados de instrucción 2 de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) y 3 de Granada. Estos últimos no aceptaron la competencia en la causa de la memoria histórica que les remitió Garzón, y se la devolvieron. El Supremo debe resolver el desacuerdo.

El conflicto de competencia está paralizado desde el pasado 16 de abril, fecha en la que el Supremo acordó no tomar una decisión hasta que se resuelva la causa penal abierta contra Garzón por presunta prevaricación precisamente en la investigación de los desaparecidos del franquismo. El TS señala que el conflicto de competencia está «directamente relacionado con los hechos que se instruyen» contra Garzón.

Entre tanto, los deudos siguen ejerciendo los derechos derivados de la Ley de Memoria Histórica para la recuperación de los restos de sus parientes. En octubre, la Junta de Andalucía inició excavaciones en seis posibles fosas en Alfácar (Granada). Los trabajos concluyeron dos meses después sin que se localizara ningún resto de García Lorca ni de los que murieron con él. Por su parte, el juzgado de El Escorial se inhibió ante la petición de la familia de un republicano que quiere llevarse sus restos del Valle de los Caídos. Allí reposan desde que fueron llevados en 1959 junto a los de otros 30.000 muertos de los dos bandos (22.000 de ellos identificados) y los de Franco y Primo de Rivera.

El Gobierno entiende que la judicialización de la apertura de fosas comunes sólo debería producirse en caso de conflicto de intereses, como el que surgiría si unos familiares quisieran recuperar restos y otros no, o si la fosa estuviera en una finca privada y el dueño se negara a abrirla.

En el resto de situaciones, el Ejecutivo cree posible hacer de la exhumación un acto administrativo. Por eso, el «protocolo de actuación científica y multidisciplinar», según reza en el artículo 12.2 de la Ley de Memoria Histórica, diferenciará entre lo que es la figura del enterramiento ilegal, ligada a una investigación criminal no archivada, y lo que es la localización de «restos cadavéricos» que llevan tres cuartos de siglo bajo una tierra no removida.

El llamado «mapa de fosas» que está elaborando Justicia en colaboración con las autonomías -básicamente las ocho gobernadas por el PSOE, aunque la pasada semana Esperanza Aguirre anunció ayudas a los madrileños que quieran encontrar a sus seres queridos- incluye más de 2.000 localizaciones. No se sabe a ciencia cierta cuántos españoles pueden permanecer enterrados. El único censo oficioso lo entregaron las asociaciones de familiares a Garzón e incluye 133.708 nombres. El juez redujo esa cifra a 114.266.