El Partido Popular quiere apartar del debate político y, sobre todo, de la utilización electoral, la recuperación del poder adquisitivo de los funcionarios de la Administración General del Estado, tres millones de empleados públicos. Después de desvelar el pasado mes de marzo en ABC que el Gobierno ha firmado un acuerdo con los sindicatos, en virtud del cual, se ha comprometido a pagar en el primer trimestre de 2012, justo antes de las elecciones generales, la recuperación acumulada de este poder adquisitivo correspondiente a los años 2010 y 2011, en total unos 500 euros por funcionario; ahora quiere que el Congreso de los Diputados impida que esta maniobra electoral pueda repetirse. Este «cheque electoral», como lo llama el PP, tendrá un coste para el Estado de unos 1.400 millones de euros.
Para ello, presentará esta semana una Proposición No de Ley para que el Congreso inste al Gobierno a «asegurar que la justa recuperación del poder adquisitivo que pierdan los empleados públicos se realice teniendo en cuenta el interés general, y cuando la situación económica nacional y de las finanzas públicas, en particular, lo aconsejen, ignorando objetivos puramente electorales y, de tal manera, que su entrada en vigor, se realice al margen de las convocatorias electorales».
El Grupo Popular, como ya denunció en su día el portavoz de Función Pública del Grupo Parlamentario, Miguel Barrachina, trata de «evitar el uso político de las cláusulas salariales de los empleados públicos», ya que entiende que «la inmediatez de la convocatoria electoral y la cuantía en la que se concretará dicha cláusula induce a pensar más en intereses electorales que en la consecución de un objetivo que sea beneficioso para los empleados públicos, como es la razonable recuperación del poder adquisitivo perdido o el interés general de coadyuvar a la solución de nuestra profunda crisis económica».
Además, en la exposición de motivos que justifica la presentación de esta iniciativa, los populares subrayan que este acuerdo con los sindicatos, «no contribuye a potenciar la confianza de los funcionarios en sus representantes políticos, pues cualquiera podría pensar, no sin recelo, cómo sus preocupaciones e intereses sólo son importantes durante el trimestre electoral».
Finalmente, el PP entiende que «urge el consenso entre todas las fuerzas políticas con objeto de acordar un pacto que impida, en cualquier contexto electoral y en cualquier circunstancia, la utilización con fines electoralistas de las reivindicaciones salariales del personal al servicio de las administraciones públicas».
