La Generalitat de Cataluña convocará la Comisión general de las Comunidades Autónomas del Senado para que comparezca José Montilla a solicitar formalmente la renovación de los cuatro magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó en diciembre de 2007, según anunciaron ayer a ABC fuentes socialistas. Montilla, que podrá expresarse en catalán en esa comisión -es el único órgano de las Cortes donde está permitida la traducción simultánea-, quiere dar el máximo efecto simbólico a su convocatoria, que el artículo 56 del reglamento del Senado le permite.
Liderazgo visual
No sólo se trata de que le escuchen el Gobierno y el resto de presidentes autonómicos que acudan, según las fuentes consultadas, sino de que el electorado catalán visualice en su persona el liderazgo de la «respuesta» a la inacción del TC con la sentencia del Estatut. Su iniciativa correrá paralela en el tiempo a la presentación, por parte del grupo Entesa de Progres, que componen senadores de PSC, ERC e Iniciativa-Los Verdes, los tres grupos integrantes del tripartito, de una proposición de reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) para impedir, con un plazo máximo de no renovación, cualquier bloqueo de cambio en el alto tribunal como el que se produce ahora.
Mientras, Montilla, y el líder de ERC, Joan Puigcercós, escenificaron ayer sus diferencias respecto a las medidas a adoptar ante el bloqueo del Tribunal Constitucional. Para los republicanos, el acuerdo alcanzado ayer entre el presidente de la Generalitat y el jefe de la oposición, Artur Mas (CiU) es «puro teatro» -ambos cerraron el pacto que será votado hoy en el Parlamento catalán, tras reunirse durante 45 minutos-, pues, a su juicio, aunque se renueve el TC, la sentencia será finalmente adversa. En la sesión de control celebrada en la Cámara catalana, Puigcercós pidió a Montilla que no pase a la historia como «el presidente de la sentencia», y le instó a dar un paso más allá. «Son necesarias respuestas», dijo el dirigente republicano. El jefe del ejecutivo catalán aseguró que «no hay que dar la batalla por perdida», pues aún no hay sentencia y negó que el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, haya descartado la renovación del alto tribunal, tal como el frente catalán solicitará en el Senado.
La incapacidad de Montilla de evitar el desmarque de sus socios fue críticada por PP y Ciutadans, quienes expresaron su indignación ante la petición, incluida en el texto del acuerdo CiU-PSC, de que el TC «se declare incompetente» para dictar sentencia, algo que consideran impropio de un Estado democrático y que atenta contra la separación de poderes. Sobre la «espantá» de ERC, que no firmará el documento, pero sí lo votará, en círculos políticos se especula con la posibilidad de que los republicanos, sin salir del Gobierno catalán, pretendieran un adelanto electoral al mes de julio para aprovechar que sus bases están movilizadas tras la última tanda de consultas independentistas. Julio es un mes propicio a la abstención, lo cual favorecería también al PSC. No obstante, Montilla dice estar dispuesto a agotar la legislatura.
