Mientras el equipo de gobierno de Badalona (Barcelona), liderado por el PSC, admitía que el discurso del concejal del PP de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol, tiene una «base de cierta realidad», dirigentes socialistas presionaban a los populares para que retiraran una interpelación sobre inmigración que tendrá lugar hoy en el Parlament.

La cúpula del PP catalán ha impuesto el silencio tras la tormenta política desatada a raíz de la distribución entre los habitantes de la ciudad de unos folletos con la fotografía de una pancarta que reza «No queremos rumanos». Silencio que viene precedido de la decisión de Génova de desmarcarse de la iniciativa de García Albiol. Sin embargo, el Ayuntamiento de Badalona celebró ayer un Pleno en el que se abordó la cuestión, aunque no estaba en el orden del día. García Albiol puso de manifiesto la «necesidad de hablar de los problemas de convivencia, como primer paso para solucionarlos», tesis que secundaron el resto de formaciones políticas de la ciudad, aunque el alcalde, Jordi Sierra, reclamó un debate «no populista».

Previamente, el primer teniente de alcalde, Ferran Falcó (PSC), opinó que el debate suscitado por el PP, «que se levanta electoralmente, tiene una base de una cierta realidad pero poco sólida» y lo vio «artificial». En declaraciones a EP, admitió que «hay un problema de convivencia, pero no se puede agitar» y abogó por combinar políticas de acogida y de convivencia con políticas de prevención y control. Según Falcó, el PP ha aprovechado la «opinión popular» de los vecinos de las zonas más conflictivas «para hacerla consigna política».

La dirección del PSC ha aumentado la presión sobre el PP a través de su portavoz, Miquel Iceta, quien exigió a los populares a retirar una interpelación al Govern sobre inmigración. A juicio de Iceta, el PP «no está en condiciones de realizar un debate constructivo». Paralelamente, el secretario general del PPC, Jordi Cornet, se reunió con el director de campaña socialista, Jaume Collboni, quien le pidió el cese de Albiol. El dirigente popular le comunicó que la cuestión ya está zanjada tras la conversación que el propio Cornet mantuvo con el concejal, al que instó a no generalizar suas acusaciones al colectivo rumano.

El Govern pedirá un informe jurídico para determinar si el concejal vulneró el Código Penal con vistas a una posible denuncia. El Consejo Asesor del Pueblo Gitano lamentó las declaraciones «racistas y xenófobas». ICV formalizó su querella en Fiscalía.