Por circunstancias perfectamente explicables que no vienen al caso, hace unos días viví la singular experiencia de dar una charla sobre la Constitución a un nutrido grupo de inmigrantes, más de sesenta. Al igual que nuestra inmigración de estos últimos años, la audiencia era variada, incluido buen número de subsaharianos. La cosa ocurrió en unas dependencias municipales de Alcalá de Henares.

Me personé pertrechado con uno de aquellos ejemplares beige de la Constitución distribuidos en diciembre de 1978, que he conservado cuidadosamente y en el que entonces, llevado por la emoción del momento y de un modo algo cursi, anoté «¡larga y real vigencia!». Mostrándolo, y destacando que era bilingüe (castellano y valenciano), comencé refrescando lo que es una constitución. Todos lo sabemos pero siempre es fructífero el esfuerzo de definir. Ayuda a reconocer matices, perfiles. Utilicé un concepto acuñado por Lucas Verdú que destaca, junto al carácter de norma fundamental y a la doble vertiente organizativa y garantista de los textos constitucionales, su difícil reformabilidad.

Me referí a continuación a nuestra accidentada historia constitucional, marcada por la inestabilidad y por la escasez de textos de verdadero aliento integrador. Había dedicado un rato, antes del evento, a releer la maravillosa «Breve historia del constitucionalismo español», de Joaquín Tomás Villarroya, una joya de los setenta que llegó a publicarse en una colección de distribución masiva que contó con el patrocinio de Radiotelevisión Española.

Destaqué que la Constitución de 1978, que lleva camino de superar en años de vigencia a la de la restauración, se caracterizó precisamente por ese aliento integrador, por ser el resultado de un acuerdo de largo alcance entre la izquierda y la derecha, entre los partidarios de una España unida y cohesionada y las fuerzas nacionalistas vascas y catalanas. Un acuerdo construido con la generosidad y buena fe de muchos en un momento determinado, en el contexto de unas concretas circunstancias, con sus defectos, pero que recibió gran respaldo en toda España, incluida Cataluña (más del 90 por ciento de síes, con un 68 por ciento de participación, datos ambos algo superiores a la media española); algo menos en el País Vasco, donde también, frente a lo que a veces se dice, fue claramente aprobada (69 por ciento de voto afirmativo, con un 44,6 por ciento de participación, datos parecidos a los del referéndum catalán de 2006 sobre el Estatut).

Destaqué que la Constitución deja muy claro que la soberanía reside en el conjunto del pueblo español y repasé sus valores superiores —libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, por este orden, tal vez no casualmente— y el concepto de estado social y democrático de derecho.

Tras algunas observaciones sobre los derechos fundamentales y libertades, me referí a la monarquía parlamentaria, nuestra forma de gobierno; a las funciones del Rey, destacando su papel moderador y su importancia simbólica; al principio de división de poderes y a la apuesta por la independencia del poder judicial; al Congreso —cámara clave, en la que reside realmente el poder— y al Senado, a la función legislativa y de control del Gobierno de las Cámaras, a la importancia en el sistema del presidente del Gobierno…

Igualmente diserté unos minutos sobre nuestro modelo de Estado, tan descentralizado, destacando la existencia de parlamentos y leyes autonómicas que no son de rango inferior a las del Estado. Los asistentes escuchaban con atención y, de cuando en cuando, hacían preguntas (¿cómo se eligen los diputados?, ¿puede independizarse una comunidad autónoma?) o corregían alguno de mis lapsus (el 23-F fue en el 81…).

A medida que avanzaba la sesión me dominaba más y más la impresión de que los españoles contamos con una Constitución y con un sistema político muy razonables que quizás no valoramos suficientemente, y fue apoderándose de mí incluso un cierto orgullo, un sentimiento de aprecio por lo que somos y por las instituciones que tenemos.

Todo viene de la Transición, esa época que algunos, de un modo frívolo, sucumbiendo a nuestra fuerte tradición disgregadora y cainita, se empeñan en tratar de deslegitimar. Véase, sin ir más lejos, el tristemente famoso acto de apoyo a Garzón de hace unos días en la Universidad Complutense. No creo que lo consigan. El proceso tuvo muchas luces y algunas sombras, pero no fue ningún fraude como ahora más de uno nos quiere hacer creer. Hubo un gran pacto de reconciliación que miró al futuro. Un gran pacto que abrió el periodo más largo de libertad que ha vivido España. Negarlo —como ha dicho Javier Cercas en «Anatomía de un instante»— «es negar la realidad, el vicio inveterado de cierta izquierda a la que continúa incomodando la democracia y de ciertos intelectuales cuya dificultad para emanciparse de la abstracción y el absoluto impide conectar las ideas con la experiencia».

Dentro de unos días, una vez más, la Fundación Fernando Abril Martorell entregará su premio anual, que promueve los valores de la Transición y la concordia. Será la duodécima edición. Hasta ahora lo han recibido Don Juan Carlos, que aceptó el premio en su primera edición con gran entusiasmo y simpatía; Agustín Ibarrola, Fernando Savater, los sindicatos UGT y CC.OO. y la patronal CEOE (que lo recibieron conjuntamente), José María Martín Patino, Santiago Carrillo, Jordi Pujol, Alfonso Guerra, Francisco Ayala, Sabino Fernández Campo y Javier Solana. Este año ha sido otorgado a Patxi López y Antonio Basagoiti. Por su decidida apuesta por la concordia y por situar la convivencia ciudadana en el centro de su acción política, reza el acta oficial; por razones obvias, diría yo.