La Junta prevé ahorrar 300 millones en 2010 con las medidas a aplicar en su plan de estabilidad

Fue hace pocas semanas cuando el Consejo de Política Fiscal y Financiero dio el visto bueno a unas medidas que serán «controladas» -como las del resto de comunidades- y que tenían el objetivo inicial de rebajar el déficit de Castilla y León hasta el -1,3 por ciento en 2012. Ahora, con el plan elaborado por el Gobierno central y al que se ha involucrado a cada uno de las autonomías los retos serán más ambiciosos «y complicados» y tendrán como meta dejar en nada el déficit en 2013.

Hasta que ese acuerdo entre cada región y el Gobierno se cierre, la Junta ya está aplicando un programa que, según explicó a ABC la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, supone un ahorro de unos 300 millones de euros a lo largo de este ejercicio. La cifra, aunque elevada, será «menor» que la prevista para los próximos años, cuando la austeridad será «aún mayor». En todo caso, los datos que maneja la consejera son «estimaciones» que podrían variar en función de cómo sea finalmente el año.

Sobre este plan, la consejera de Hacienda aclara que «no supondrá ningún tipo de recorte», sino que han sido precisamente estas actuaciones las que han permitido elaborar las Cuentas regionales y recurrir al 2,18 por ciento de la deuda en lugar de agotar el límite máximo de endeudamiento.

Tasas y precios públicos. Además de gastar menos, el objetivo de la Junta es ingresar más. Lo hará con un aumento de la recaudación de tasas y precios públicos y «fundamentalmente con la lucha del fraude fiscal». Estas actuaciones permitirán a la Junta disponer de 18 millones más. Las medidas previstas incluyen ampliar la cobertura de la pasarela de pagos con la incorporación a esta herramienta informática de nuevas figuras tributarias, a la vez que se permitirá la utilización de otros medios de pago de uso más extendido, como pueden ser la tarjetas de crédito o débito.

En cuanto a las tasas y precios públicos, ya se ha puesto en marcha la modificación de la que afecta al Boletín Oficial de Castilla y León y se prevé la inclusión de nuevos hechos imponibles en materia de caza y pesca y más supuestos en la tasa por expedición de títulos académicos y profesionales no universitarios. Además, se va a crear una tasa por actuaciones y servicios en materia de certificaciones de eficiencia energética y otra por la expedición de títulos en materia de juventud.

Por último, este año se aprobará el decreto por el que se fijan los precios públicos correspondientes a los servicios de atención a las personas mayores, con discapacidad y declaradas dependientes por la administración de la Comunica y otro en el que se regulará los precios públicos asociados a actos asistenciales y sanitarios prestados a pacientes no beneficiarios de la seguridad social o cuando existan terceros obligados al pago.

Gastos de personal: Hasta 35 millones menos tendrá que abonar el Gobierno regional en este capítulo con las medidas previstas y que, en algún caso, como la congelación de los sueldos de altos cargos, ya se aplican desde hace varios años. Más actuales son las otras dos actuaciones contempladas. Por un lado, se prevé la limitación del aumento del número de efectivos con una tasa de reposición del 10 por ciento(«se cubrirán sólo una de cada diez plazas dejadas por los jubilados») y la contención de la contratación («no se van a autorizar con carácter general las de interino y las de eventuales»).

Racionalización y reducción del gasto corriente: Con una decena de medidas concretas, el Gobierno regional espera ahorrarse 40 millones en uno de las áreas que más se quiere «meter la tijera». Para conseguirlo, el trabajo ya está en marcha, como ocurre en el impulso para reordenar espacios administrativos y concentrarlos en inmuebles de titularidad de la Comunidad y la renegociación a la baja de las rentas abonadas por alquileres. Las primeras actuaciones se concretarán en las oficinas territoriales de Burgos y Salamanca. Relacionado con lo anterior, la Consejería trabaja para limitar el gasto de las reparaciones y conservaciones en sus edificios y fomentar la adquisición centralizada de bienes y servicios para abaratar costes. Como medidas más concretas, se prevé la «progresiva» eliminación del papel en trámites internos y en publicaciones, así como el número de ejemplares editados. Una muestra de ello se puede comprobar ya con la desaparición en papel del Boletín Oficial de Castilla y León.

La revisión de la potencia contratada en suministros como la electricidad o el gas, la unificación en un solo contrato de todos los servicios de telecomunicaciones hacia un coste tarifario menor aparecen también en un plan que pretende ahorrar en atenciones protocolarias y representativas. Por último, se prevé una restricción a la realización de estudios y trabajos técnicos por empresas externas, «incentivando la utilización de medios propios de que dispone» la Junta.

Ayudas y subvenciones: Para poder dejar de gastar algo más de 91 millones de euros, se producirá «una revisión en profundidad de las diferentes líneas» con la evaluación del «grado de cumplimiento de los objetivos y efectos perseguidos» para decidir si se mantiene, modifica o suprime cada ayuda.

Gasto sanitario: Esta capítulo ha merecido una mención aparte porque el cálculo del ahorro previsto alcanza los 116 millones en un área que supone cada años más de un tercio del Presupuesto.

Además de las medidas en materia de personal y gastos corrientes, similares a las ya citadas con anterioridad, es el gasto farmacéutico el que ha requerido implementar diversas iniciativas destinadas a contener su crecimiento. Así, se prevé el establecimiento de procedimientos de licitación centralizada de medicamentos de elevado impacto económico, como sueros, contrastes radiológicos y apósitos. Además, se quiere implantar un programa para el seguimiento de las adquisiciones y consumo de medicamentos por los distintos centros. También se apuesta por la prescripción por principio activo, la utilización de genéricos y la contención de la prescripción de novedades terapéuticas sin aportación relevante.