La propuesta definitiva de pacto educativo que ayer presentó el ministro de Educación, Ángel Gabilondo, a las partes implicadas en el proceso incluye como novedad el objetivo de que al final de la Secundaria, los alumnos deberán dominar el castellano y, en su caso, la lengua cooficial de su comunidad.

De esta manera atiende Gabilondo la reivindicación del Partido Popular en este sentido. "Los poderes públicos -dice el texto propuesto- deben poner los medios necesarios para que, al finalizar la educación secundaria obligatoria, todo el alumnado comprenda y se exprese con corrección, oralmente y por escrito, en la lengua castellana y, si la hubiere, en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma".

La inclusión de medidas para garantizar la enseñanza del castellano en todas las comunidades es una de las reivindicaciónes "irrenunciables" del Partido Popular para apoyar el pacto. No obstante y a juzgar por las primeras valoraciones de los representantes populares, la oferta de Gabilondo les parece "insuficiente", como todo la oferta en su conjunto, según declaró la consejera de Educación de la Comunidad de Madrid, Lucía Figar, al concluir la sesión de la Conferencia Sectorial donde recibió el documento. No obstante, Figar dejó la puerta abierta a acuerdos puntuales sobre aspectos concretos.

Por su parte, el consejero de Castilla y León, Juan José Mateos reconoció que el nuevo documento contiene "avances" en lo que se refiere a la enseñanza del español y a la elección de centro, más en concreto a la escuela concertada. Estas dos cuestiones eran precisamente algunas de las calificadas por el principal partido de la oposición como "irrenunciables".

Quince días para estudiarloAhora y tras recibir el texto, todos los implicados en el pacto disponden de quince días (hasta el 6 de mayo) para decidir si apoyan o no la propuesta, que es definitiva. Además de los aspectos ya mencionados, entre las nuevas medidas que incluye el texto destaca la posibilidad de prolongar hasta la revisión del Pacto de Toledo la jubilación anticipada (jubilación Logse) para los profesores, que se extinguía el año próximo.

El documento se compromete, además, a cerrar al negociación del estatuto de la Función Docente ante de que finalice 2010, así como a la homologación del profesorado de los centros concertados. En cuanto al reconocimiento de la autoridad pública del profesor, se incluyen medidas para reforzar su autoridad social y profesianal pero sin concederle el carácter de autoridad pública, aspecto que los representantes de los docentes esperan conseguir. En el apartado de medidas académicas, se incluyen cuatro evaluaciones, la consideración de 4º de la ESO como curso puente hacia el Bachillerato o la Formación Profesional de Grado Medio y el compromiso de revisar la estructura del Bachillerato para el que el PP pide tres años.

El texto se compone de 12 objetivos y 148 medidas y se acompaña de una memoria económica dotada de 1.570 millones de euros en un plazo de tres años.