Era «razonable» que Francisco Ramírez pensara que su vida y la de su esposa «corría peligro (...) La situación de riesgo era grave y la posibilidad de acudir a otros medios de defensa, nula». Lo dice la Audiencia Provincial de Valencia, que ha absuelto a un empresario de Canals, yerno del fundador de la firma textil Ferry, por la muerte de dos atracadores que fallecieron durante el asalto a su chalé en 2006.

Ramírez ha sido juzgado por la muerte de los dos delincuentes. Se enfrentaba a 30 años de prisión. La acusación la ejercían los familiares de los fallecidos. La fiscal no apreciaba delito. La Sala considera probado que mató a uno de los asaltantes; le cree culpable de un homicidio, pero dice que no debe pagar por este delito porque actuó en legítima defensa. Su reacción, que el tribunal considera «proporcionada», «encuentra amparo en móviles defensivos».

El empresario también es exonerado de la muerte del segundo asaltante porque no ha quedado claro si le mató él o falleció por los tiros efectuados por algún atracador en la refriega que precedió a la huida. Murió desangrado.

Ocurrió aquella tarde noche del 4 de enero. Irrumpieron al menos doce atracadores con cuchillos y armas de fuego. Los golpes y las amenazas de muerte a punta de pistola, mientras a su esposa la mantenían maniatada y a él le llevaban de un lado a otro de la casa para que les abriera las cajas fuertes, fueron constantes durante los casi 45 minutos que duró el asalto. En un descuido de los dos malhechores que le vigilaban, el empresario alcanzó una pistola que escondía bajo un colchón y disparó. Los delincuentes se dieron a la fuga. Hubo entonces un intercambio de disparos. Ramírez apretó el gatillo cuatro veces. Hubo dos muertos.

Ramírez tuvo que compartir banquillo con los asaltantes. Fueron juzgados once. La Sala condena a siete de ellos a penas que oscilan entre los 12 y los 17 años de cárcel por robo con violencia e intimidación con las agravantes de disfraz y abuso de superioridad, allanamiento de morada, detención ilegal, lesiones y depósito de armas de guerra. Impone también un año de prisión a un abogado en cuyo despacho se halló un arma para la que no tenía licencia y absuelve a otros tres acusados, dos hombres y una mujer, de los delitos de falsedad y depósito de armas de guerra.

La sentencia da por válida la versión del empresario pese a las «contradicciones», y avala la investigación de la Guardia Civil y del juez, cuestionada por las defensas de los acusados.