El Gobierno de Navarra recurrirá la ley del aborto ante el TC

19/04/2010
Actualizado 20/04/2010 a las 00:00h.

El Gobierno de Navarra ha tomado la iniciativa para evitar que la nueva Ley Orgánica de Salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo sea de obligado cumplimiento en la comunidad foral. El Consejo de Gobierno aprobó ayer iniciar los trámites para ... interponer un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional porque considera que la nueva legislación “invade” las competencias de Navarra en materia de Salud y supone “un contrafuero”. El acuerdo se remitirá ahora al Consejo de Navarra, que presentará el dictamen correspondiente “con carácter de urgencia”, ya que el plazo para el recurso finaliza el 3 de junio.

La consejera de Salud del Ejecutivo navarro, María Kutz, denunció ayer públicamente que la “invasión” a las competencias navarras afecta a tres ámbitos: “a la organización, al régimen de funcionamiento y a la capacidad de planificación” que posee la comunidad respecto a sus servicios sanitarios. Una intrusión que, a juicio de Kutz, constituye “un contrafuero”, ya que las competencias forales en esta materia quedan “perfectamente recogidas” en el artículo 149 de la Constitución Española y en el artículo 53 de la Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.

Para el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, la polémica se centra en la disposición final quinta de la ley, que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo en la red sanitaria de la comunidad autónoma de residencia de la mujer, siempre que así lo solicite la afectada. Pero el Ejecutivo foral sigue firme en su postura de no practicar abortos voluntarios en sus centros porque entiende que tiene competencias para tomar dicha decisión de forma unilateral.

En este sentido, la disposición final quinta representa, además, “una contradicción respecto a dos artículos de la propia ley”. La consejera de Salud del Gobierno de Navarra alegó que en el artículo 18 se establece que la prestación “estará incluida en la cartera de los servicios comunes del Servicio Nacional de Salud”, pero que serán los servicios públicos, “en el ámbito de sus competencias”, los que podrán garantizar el derecho a la misma.

Asimismo, subrayó que el artículo 19 deja abierta la posibilidad de interrumpir el embarazo en centros sanitarios públicos o concertados, de manera que si no se pudiera facilitar la prestación, la embarazada tendrá derecho a ser atendida "en cualquier centro acreditado del territorio nacional". Ésta es la opción por la que se ha decantado hasta la fecha la comunidad foral, por lo que, según Kutz, Navarra "cumple" lo determinado en los mencionados artículos de la nueva ley.