El Consello Consultivo ha decidido dar la razón a la Xunta en el proceso abierto tras el cambio de gobierno para valorar las posibles irregularidades existentes en las bases de la convocatoria de oposiciones realizada por el Consorcio Galego de Igualdade e Benestar durante los últimos días de la etapa de Anxo Quintana al frente de este departamento. Tras ratificar que la convocatoria infringe la Constitución, el ejecutivo gallego podrá ahora anular el proceso.

Tras las primeras denuncias, el caso estalló cuando la anterior administración publicaba, en los primeros meses del año 2009 y a semanas de los comicios del 1-M, dos convocatorias en el Diario Oficial de Galicia, de 271 (20 de enero) y 65 plazas (2 de febrero). Entonces, el sindicato Comisiones Obreras calificaba las mismas de «fraude y engaño», frente a la postura de UGT y CIG (la central mayoritaria en el comité de empresa). Además de incidir en la presencia de altos cargos de la administración en los tribunales, el grueso de las quejas aludían a la excesiva valoración otorgada a los trabajadores sin plaza fija que ya venían trabajando en el Consorcio, frente a los homólogos que ejercían en otras empresas o instituciones.

Un año después, el Consello Consultivo considera, de acuerdo con un dictamen aprobado por la mayoría de sus miembros, que en las bases se aprecia la «clara lesión del principio de igualdad en el acceso a la función pública previsto en el artículo 23.2 de la Constitución española, al colocar en las bases en cuestión en una situación de privilegio o ventaja injustificada al personal que viene prestando servicios en el Consorcio frente a aquellas personas cuya experiencia profesional se alcanzó en puestos similares de otra administración». El gobierno gallego podrá ahora concretar una nueva convocatoria pública para consolidar esos 336 puestos temporales.

El nuevo ejecutivo gallego se topó en el pasado mes de junio, cuando comenzó a revisar el estado del Consorcio (que agrupa a 267 de los 315 municipios de Galicia, más cuatro mancomunidades), con un cúmulo de irregularidades reseñadas en varios informes oficiales, y que serán pormenorizadas en una auditoría. Entre otras cuestiones, los nuevos gerentes del Consorcio, que pasó a depender del departamento de Traballo, criticaron el «desfase» entre los gastos corrientes presupuestados y los reales en el Consorcio, de 4 millones de euros, fruto de una previsión de ingresos desfasada.

También hallaron los nuevos responsables obras realizadas, pero «sin presupuesto para equiparlas»; o que un millón de euros se había consumido en facturas «no justificadas». «Los auditores que se contrataron detectaron que, tras dos años de funcionamiento, no había un ejercicio contable. No existía un programa contable que llevase las cuentas como deberían llevarlas. No existe», relataban fuentes de la institución a ABC. Otra de las patatas calientes fue la situación de los trabajadores de la red de oficinas «I+B» (Igualdad y Bienestar, 19 centros que para PSOE y PP invadían competencias municipales), en las que, denuncia el equipo actual, se realizaban contratos a través de la modalidad de fin de obra y bajo el principio de «dedocracia amiga». Sesenta de los profesionales de esta red, con más de cien trabajadores y casi cuatro millones de presupuesto, no fueron renovados porque los programas «estaban duplicados, al tener la secretaría de Familia algunos similares».

Además, los directivos del Consorcio se ocupan también de solicitar la documentación que justifica «medio millón en facturas que no se sabe dónde están, porque no se encuentran». «Hay gastos asociados a esas hipotéticas facturas, pero no aparecen. Estamos en un proceso de pedirlas», reconocen las mismas fuentes. Este medio millón se suma al millón y medio de gastos «no justificados» que los auditores, que aún no han finalizado su trabajo, están rastreando a día de hoy.