EL mismo día que el Gobierno comienza a hablar de legislar el abaratamiento del despedido, los principales sindicatos, UGT y CC.OO., ausentes de largo en la preocupante gestión de la crisis económica en nuestro país, organizan un acto de reivindicación de Garzón. Un acto difícilmente calificable y mucho menos justificable, pues más que reivindicación de dicho juez consistió en el pim pam pum contra una institución del Estado, el Tribunal Supremo, y en sacar a pasear de nuevo todo un repertorio de trinchera guerracivilista.

Es impropio que la Universidad, alma y maestra de libertades, acoja complaciente actos de este tipo. Pero es que el acto de apoyo a Garzón en la Complutense es un ejemplo triste y perfecto de la degeneración del país. Que Zapatero pida respeto ahora para el Tribunal Constitucional o para el Supremo no se lo cree nadie. El numerito estaba perfectamente programado para distraer y para seguir en el machito de reabrir el odio, ya inexistente desde hace años entre los españoles. Esta enorme responsabilidad es del presidente en exclusiva, por su radicalismo doctrinario, por su ignorancia y por su maldad.

Allí estaban unos sindicatos que se representan a sí mismos, cumpliendo con su deber de lacayos, allí estaba el hispanista de cámara, los beneficiarios de subvenciones —club de la ceja incluido—, los alumnos, pocos, los más radicales, porque la mayoría estoy seguro que ni se enteró, algún miembro del Gobierno; en fin, todos con el rector a la cabeza, esa vergüenza para la Universidad. Y ese ex fiscal general del Estado, que entró en la carrera fiscal en 1962 y sirvió al régimen, luego se hizo demócrata, dio lecciones de demócrata y ahora acusa al Tribunal Supremo de fascismo y de que son torturadores.

Es natural que haya gente a favor y en contra de Garzón y es normal que se manifiesten, pero lo repugnante es ir contra las instituciones de un Estado democrático, contra la libertad de éstas, minar la confianza de la sociedad en ellas, porque supone llevarnos a un régimen totalitario, a un nuevo régimen de falta de libertades. ¿Quién va a confiar en un país que cuestiona hasta el insulto y la difamación a su Tribunal Supremo? Se podrá estar o no de acuerdo con sus decisiones, pero este acoso y derribo lleva a la destrucción del sistema democrático.

Hay que insistir que los denunciantes de Garzón, sean de extrema derecha, de extrema izquierda, de centro, de derecha, o de izquierda, ejercen un derecho irrenunciable y que no son los franquistas o los masones los que lo sientan en el banquillo; es él, exclusivamente él y su ambición patológica. Son tres causas diferentes las que le acechan, con temas que van desde escuchas ilegales a corrupción económica, pasando por prevaricación. Presuntamente no cumplió la ley a sabiendas y eso es muy grave en un ciudadano, no digamos en un juez.

España, desde hace seis años, vive la versión más tangible de «Alicia en el país de las maravillas», el cuento que, en película, se estrena estos días. Y una vez más la realidad supera a la ficción, porque mucho de lo que vivimos resulta un mundo al revés más contradictorio que el que el ingenioso matemático, autor de Alicia, creó. Sólo hay que mirar: un Gobierno que pretende eliminar a su adversario democrático y deshacer la reconciliación lograda en la Transición, unos sindicatos que solo se movilizan para apoyar al Ejecutivo de los cuatro millones de parados o una legislación que facilita y amplía el aborto, mientras asegura que actúa en defensa de la vida.