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Regidores del PSOE piden más inversiones de Aguirre. Sus municipios lideran la tasa de paro y son investigados por la justicia
Jueves , 15-04-10
Siete alcaldes socialistas del sur -siete- recorrerán hoy 16 kilómetros a pie hasta la Puerta del Sol para solicitar a la presidencia de la Comunidad de Madrid que estudie su Plan Estratégico, que recoge las reivindicaciones en materia de servicios e infraestructuras para estas localidades. «Llegaremos aunque echemos el bofe. Llueva, nieve o haga sol», comentó ayer el regidor Leganés, Rafael Gómez Montoya. Junto a este municipio, marcharán en la protesta sus colegas de Getafe (Pedro Castro), Alcorcón (Enrique Cascallana), Aranjuez (Jesús Dionisio), Fuenlabrada (Manuel Robles), Parla (José María Fraile) y Pinto (Juan José Martín). Las cifras de la caminata son para tener en cuenta. Comenzará a las nueve de la mañana y está previsto que culmine a la una de la tarde, a una velocidad de 4,5 kilómetros por hora. Está previsto, además, que los alcaldes se hagan rodear de más de un centenar de personas, entre vecinos y altos cargos de cada ayuntamiento.
Cifras «escondidas»
Sin embargo, estos regidores, y sus respectivos municipios, arrastran otras cifras que -a buen seguro- prefieren mantener «escondidas». La mayoría de ellos tienen causas pendientes en la justicia -hasta un total de 16-, mientras que las localidades que gobiernan encabezan la lista de parados en la región, con un total de 87.447.
Estos siete municipios concentran el 18,36% del desempleo de toda la Comunidad, mientras que Madrid sólo tiene el 11,3% de todos los parados de España, muy por debajo de su peso laboral español, que es de un 16,02%.
Además, su gestión se ha visto ensombrecida por presuntos casos de corrupción que se están instruyendo en los juzgados. Algunos de estos alcaldes se encuentran, actualmente, imputados por un juez. Tal es el caso de Juan José Martín (Pinto), que está imputado por cohecho y tráfico de influencias por el «caso Espacio del Motor». Se trata de una operación urbanística para construir un complejo automovilístico que «ocultaba» la recalificación de suelo para levantar pisos, que podía reportar beneficios de 550 millones de euros.
Hay que recordar que otros dos ex alcaldes de este municipio también está imputados por cohecho. Es el caso de Antonio Fernández González -por el desvío de fondos de ayuda a Argentina a través de la Fundación Pinares- y de Juan Tendero Silva, por la permuta de un terreno rústico por una parcela municipal.
El Ayuntamiento de Leganés, y su actual alcalde, también «colecciona» encausamientos judiciales: nada más y nada menos que cinco. Rafael Gómez Montoya tiene una querella por un presunto delito de prevaricación por el pago de 90.000 euros a Dardo Producciones por el acto de inauguración de unos locales de ensayo. El «caso Cuadrifolio» mantiene imputados, por su parte, al ex regidor José Luis Pérez Ráez, y a Antonio García, edil de Hacienda. Los casos «Facturas», «Oposiciones» y «Lindes» también esperan sentencia judicial.
Perales del Río, El Rosón...
En Getafe, Pedro Castro, está siendo investigado por cohecho, prevaricación y falsedad documental por la construcción del campo de golf de Perales del Río. Además, también ha sido denunciado por una posible permuta ilegal de suelo en «El Rosón».
El Consistorio de Parla también está bajo sospecha, aunque en este caso por la gestión de su ex alcalde, Tomás Gómez. Como regidor también contrató con una empresa relacionada con la trama Gürtel (Constructora Hispánica) la construcción del parque de bomberos. Además, el juez también investiga las denuncias del PP por el «caso TPC» por presunta financiación ilegal del partido.
Mientras, Cascallana (Alcorcón) ha sido denunciado ante Anticorrupción por dar más de 170 contratos a una empresa de un miembro del PSOE local; Dionisio (Aranjuez) lidia con la justicia por la paralización de las obras de un parking por irregularidades urbanísticas; y en Fuenlabrada el PP denunció que Robles subvencionó con 40.000 euros una asociación presidida por el familiar de un edil del Ayuntamiento.
Esperanza Aguirre señaló ayer que la marcha de los alcaldes «se hará con dinero público», y advirtió que en ese caso analizará las «consecuencias» que pudieran existir.
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