El PSOE gallego mantiene como secretario general a un político, Pachi Vázquez, con tan poco edificantes antecedentes como el haberse construido un auténtico palacio, con un coste inexplicado aún, pero muchas veces millonario, con una simple licencia para retejar un cobertizo. Nada que alegar a la decisión de los socialistas, que con su ética hacen lo que les parece más oportuno.

Más dudoso resulta el caso de la directora del Instituto de la Mujer, Laura Seara, por no extenderse más allá de los escándalos publicados por este periódico, ni más lejos que los límites de políticos surgidos de la geografía gallega. La ex diputada en el Parlamento gallego no ha sabido explicar aún el cobro de miles de euros en kilometraje por desplazarse hasta la Cámara, pese a que ni siquiera tiene carné de conducir. Angustiado por el expediente abierto por el ejecutivo gallego, que podría concluir con el derribo de lo construido al parecer ilegalmente, al líder máximo de los socialistas gallegos no se le ocurre otra que una demanda para exigir responsabilidades por la filtración del expediente. Similar es el comportamiento de la directiva del Instituto de la Mujer, tanto en la elección de la vía judicial -habrá que ver si finalmente confirma su anunciada querella- como en el mutismo a la hora de explicar las supuestas irregularidades.

En esas condiciones de judicialización de la vida política, no es extraño que la portavoz socialista Mar Barcón anunciara ayer la decisión de su partido de remitir al fiscal los nombres de todos los miembros del PP que coincidieron en la ejecutiva con el ex secretario de organización, Pablo Crespo, uno de los más relevantes figurantes de la trama Gürtel, el clavo ardiendo al que se aferran las expectativas electorales del partido de José Luis Rodríguez Zapatero.

La recuperación del espíritu de la checa tiene un añadido de macabro mal gusto. Incluye en el listado al ya fallecido Xosé Cuiña, el ex secretario general del PP gallego defenestrado por Manuel Fraga poco después del hundimiento del «Prestige». Es de esperar que el ministerio público no recaiga en la solemne estupidez de pedir oficialmente un certificado de defunción -ridículo sólo al alcance de unos pocos, como el presunto prevaricador Baltasar Garzón, tan defendido ahora desde el ejecutivo-, pero la sola inclusión ya evidencia el talante de los autores.

Entre las víctimas del afán inquisidor de la Torquemada gallega figuran el actual titular y dos ex presidentes de la Xunta, Manuel Fraga y Gerardo Férnandez Albor, buena compañía para Mariano Rajoy, José Manuel Romay o María Jesús Sainz. Se chivan incluso de Xesús Palmou, el secretario general del PP que, en afortunada expresión de Fraga, echó a patadas a Pablo Crespo en cuanto detectó que algo podía oler mal en su actuación. Lástima que la petición de memoria histórica no llegue, por ejemplo, a los miembros del Gobierno socialista que coincidieron con Vera en la etapa de los GAL.